La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales de Readaptación Social, por su presunta participación en una red de corrupción, peculado y lavado de dinero vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La captura del exfuncionario representa un nuevo golpe a las investigaciones que siguen abiertas sobre posibles irregularidades durante el sexenio de Felipe Calderón, particularmente en el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario federal.
Detención de Antonio Molina y aseguramiento de evidencia
Elementos de la FGR cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, las autoridades aseguraron:
- Identificaciones falsas con distintos nombres
- Teléfonos celulares
- 2 mil 500 dólares en efectivo
- 36 mil 590 pesos mexicanos
Estos indicios fortalecen las sospechas de que el exfuncionario habría operado dentro de una estructura dedicada a la simulación de contratos y desvío de recursos públicos.
Tras su detención, Molina Díaz fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, donde un juez de control definirá su situación jurídica en las próximas horas.
Red de corrupción ligada a Genaro García Luna
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión entre 2006 y 2012, Antonio Molina Díaz habría firmado contratos para la construcción de al menos ocho centros penitenciarios federales.
Sin embargo, la FGR sostiene que estos contratos eran en realidad simulaciones realizadas con empresas fachada, lo que permitió el desvío de más de 5 mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Las autoridades federales señalan que esta operación formaría parte de una red más amplia encabezada por Genaro García Luna, actualmente procesado por vínculos con el crimen organizado.

Implicaciones políticas y judiciales del caso
El caso no solo involucra a Molina Díaz, sino también a otros exfuncionarios, familiares y socios empresariales que habrían participado en las operaciones financieras irregulares.
Este nuevo avance en las investigaciones refuerza la narrativa de un presunto esquema sistemático de corrupción institucional, donde recursos destinados a la seguridad pública fueron desviados mediante mecanismos sofisticados.
Además, el proceso judicial podría abrir nuevas líneas de investigación que involucren a más actores del antiguo aparato de seguridad federal.
Audiencia clave definirá su situación jurídica
En las próximas horas, el juez de control determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Antonio Molina Díaz por los delitos de:
- Peculado
- Delincuencia organizada
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita
La resolución marcará un punto clave en uno de los casos más relevantes relacionados con la corrupción en el sistema penitenciario mexicano.
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