La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha citado a comparecer a dos figuras de la política estatal: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y María Eugenia "Maru" Campos, gobernadora constitucional de Chihuahua. Ambos mandatarios deberán presentarse ante el Ministerio Público de la Federación para avanzar en dos investigaciones federales independientes. Tras la difusión de las notificaciones oficiales, la Secretaría de Gobernación emitió una aclaración pública precisando que estos llamados forman parte de un asunto estrictamente procedimental en las indagatorias, asegurando que las actuaciones ministeriales se desarrollan con fundamento en la ley y carecen de cualquier trasfondo o interés político.
En el caso de Sinaloa, la FGR citó a Rubén Rocha Moya para "rendir entrevista" en relación con las graves acusaciones emitidas por la justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El mandatario con licencia y otros nueve exfuncionarios estatales son señalados por el gobierno norteamericano de haber recibido presuntos sobornos del cártel de Sinaloa para proteger sus actividades delictivas, lo que derivó en una solicitud formal de detención provisional con fines de extradición. El caso cobró relevancia el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia estadounidense reveló las órdenes de aprehensión que también involucran al senador Enrique Inzunza Cázarez, a mandos de la Policía de Investigación y al exvicefiscal estatal Dámaso Castro.
La trama sinaloense incluye también al general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, quienes ya se han entregado de manera voluntaria a las autoridades del país vecino. Ante la presión de Washington, el gobierno mexicano ha solicitado formalmente que se comparta la información y las evidencias que acrediten los supuestos actos ilícitos. Paralelamente, la fiscalía federal busca con este citatorio agotar los canales de investigación interna para determinar la viabilidad legal de las solicitudes de extradición y el nivel de colusión de las estructuras gubernamentales de la entidad con el crimen organizado.
Operativos de la CIA bajo la lupa en Chihuahua
Por otra parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue citada formalmente en calidad de testigo dentro de un expediente que la FGR inició por presuntos delitos contra la seguridad nacional. La investigación se originó a raíz de un operativo antinarcóticos desplegado los pasados 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, Chihuahua, en el cual se detectó la participación activa de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Como parte del deslinde de responsabilidades, la fiscalía ha citado a declarar a un total de 50 servidores públicos de la entidad norteña.
Los oficios ministeriales detallan que, además de la gobernadora Campos, el exfiscal general de justicia de Chihuahua también deberá rendir su entrevista ministerial con el objetivo de esclarecer el nivel de conocimiento o autorización que las autoridades locales tenían sobre la incursión de los agentes de inteligencia extranjeros en territorio nacional. La legislación mexicana mantiene restricciones severas sobre la operación de agencias externas en tareas de seguridad interior, lo que convierte a este expediente en un asunto de alta prioridad diplomática y soberana.
Con estas citas en la sede del Ministerio Público de la Federación, la FGR busca avanzar con exhaustividad en dos carpetas de investigación que tocan las fibras más sensibles de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras el panorama en Sinaloa exhibe los alcances de la infiltración financiera del narcotráfico en las instituciones de justicia locales, las pesquisas en Chihuahua ponen a prueba los límites de la cooperación en seguridad y la soberanía del espacio aéreo y terrestre mexicano frente a las agencias de Washington en este 2026.
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