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DOJ revela la millonaria nomina de políticos ligada a Los Chapitos


El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa una red de corrupción en Sinaloa ligada a Los Chapitos; México exige pruebas y defiende su soberanía.
Por Redacción | 12 Mayo, 2026
Nacional

DOJ revela la millonaria nomina de políticos ligada a Los Chapitos

 

La relación entre México y Estados Unidos enfrenta uno de sus momentos más delicados luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentara una acusación federal en Nueva York que describe una presunta red de corrupción en Sinaloa al servicio de Los Chapitos.

El expediente señala que mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios a cambio de filtrar operativos contra laboratorios de fentanilo y proteger las operaciones del grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Ante la gravedad de los señalamientos, que también alcanzan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Gobierno de México y el bloque oficialista en el Senado exigieron a Washington presentar pruebas contundentes.

 

Gerardo Mérida Sánchez habría recibido 100 mil dólares mensuales

Según la acusación, Gerardo Mérida Sánchez encabezaba un esquema de protección institucional a favor de Los Chapitos.

Los fiscales estadounidenses sostienen que el exfuncionario recibía 100 mil dólares mensuales en efectivo.

A cambio de ese pago, presuntamente:

  • Filtró información sobre al menos 10 operativos estratégicos.
  • Alertó sobre redadas en laboratorios de fentanilo.
  • Permitió la fuga de líderes y operadores del cártel.
  • Obstaculizó el trabajo de las autoridades de inteligencia.

 

 

‘Tornado’ es acusado de vender armas y manipular reportes

Otro de los implicados es José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como “Tornado”.

El DOJ lo acusa de recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales y de proporcionar apoyo logístico a la organización criminal.

De acuerdo con la acusación, el exmando policial:

  • Vendía municiones y cargadores para rifles de asalto.
  • Manipulaba informes policiales.
  • Eliminaba registros de arrestos.
  • Facilitaba la liberación inmediata de presuntos integrantes del cártel.

 

 

Noroña responde: “No nos vamos a doblar”

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó las acusaciones y aseguró que México defenderá su soberanía.

Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el legislador afirmó que el Gobierno no aceptará presiones externas.

“Que hagan las listas que quieran”, declaró.

Según Noroña, la estrategia del Ejecutivo consiste en proteger las instituciones mexicanas y evitar cualquier intento de injerencia extranjera.

 

FGR y SRE solicitan evidencias al gobierno de Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras revisar el expediente, no encontró elementos suficientes que justifiquen las acciones solicitadas por las autoridades estadounidenses.

Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una solicitud formal a Washington para obtener pruebas documentales.

México pidió específicamente:

  • Grabaciones o audios.
  • Registros de transferencias financieras.
  • Testimonios bajo juramento.
  • Evidencias materiales de los presuntos sobornos.

     

Rubén Rocha Moya, en el centro de la controversia

Aunque el documento no implica una sentencia, la acusación ha colocado a Rubén Rocha Moya en el centro del debate político y judicial.

Si Estados Unidos entrega pruebas sólidas, el gobierno de Sinaloa podría enfrentar una crisis de legitimidad de gran alcance.

En caso contrario, el discurso de defensa de la soberanía impulsado por la llamada Cuarta Transformación se fortalecería en la narrativa pública.

 

 

Reuniones personales con Los Chapitos

Uno de los elementos más delicados del expediente es la afirmación de que algunos encuentros entre mandos policiales y los hijos de El Chapo ocurrieron de forma presencial.

El objetivo, según la acusación, era confirmar que la policía estatal estaba “al servicio de la facción”.

 

¿Qué sigue en la investigación?

El caso podría redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad durante 2026.

La siguiente etapa dependerá de si el Departamento de Justicia presenta las pruebas exigidas por México y de la respuesta de las autoridades judiciales mexicanas.

 

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