El millonario negocio de drogas sintéticas que se atribuye a Los Chapitos, herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no fue construido por un solo apellido. Por el contrario, se apoyó en una compleja red de familias sinaloenses que operaron como proveedoras de insumos químicos y como estructuras clave para lavar dinero mediante empresas legales.
De acuerdo con investigaciones basadas en reportes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta red permitió producir y comercializar fentanilo y metanfetamina, así como insertar sus ganancias en la economía formal en distintas regiones del país.
Una red empresarial extendida por cuatro estados
Durante las últimas dos décadas, los hermanos Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán construyeron, junto con las familias Núñez, Marín, Favela y Zamudio, un entramado de empresas dedicadas a:
Desarrollos inmobiliarios
Constructoras y hoteles
Agronegocios
Farmacéuticas y químicas
Gasolinerías
Comercios minoristas
Plataformas de criptomonedas
Estas compañías operaron principalmente en Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California, regiones clave tanto para el narcotráfico como para el crecimiento urbano e industrial.
Decenas de sanciones, pero pocas disoluciones
Entre 2012 y 2025, la OFAC sancionó a 59 personas físicas y 37 empresas vinculadas con esta facción del Cártel de Sinaloa, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Sin embargo, pese a las investigaciones y señalamientos:
Solo seis compañías fueron disueltas oficialmente
Varias más cerraron operaciones
Otras cambiaron de nombre o domicilio
Además, un rastreo en registros públicos permitió identificar otras 35 empresas relacionadas que, aunque no han sido sancionadas, mantienen vínculos documentales con la red.
Empresas ligadas al narco recibieron contratos públicos
Una de las revelaciones más delicadas del análisis es que al menos 16 empresas boletinadas por autoridades estadounidenses fueron proveedoras de gobiernos estatales y federales, particularmente en:
Sinaloa
Baja California
Sonora
Además, algunas recibieron apoyos productivos oficiales, como tractores, semillas y permisos de obra pública, lo que permitió legitimar operaciones financieras y expandir su presencia comercial.
Roles definidos dentro de la estructura criminal
Cada familia desempeñó funciones específicas dentro del modelo de operación:
Unas se encargaban de importar precursores químicos
Otras fungían como intermediarias financieras
Algunas invertían en mega proyectos inmobiliarios
El objetivo era claro: convertir dinero ilícito en capital aparentemente legal, mediante empresas fachada integradas a la economía formal.
Un sistema financiero paralelo al servicio del narco
Más allá del tráfico de drogas, esta estructura permitió a Los Chapitos consolidar un sistema financiero paralelo, con acceso a créditos, licencias gubernamentales y contratos públicos, lo que evidencia la debilidad institucional frente a redes criminales de alto nivel.
Este modelo no solo facilitó la producción de drogas sintéticas, sino también su normalización económica, dificultando la detección temprana de flujos ilícitos y ampliando el impacto social del crimen organizado.
Con información de Pulso
*BC
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