Durante la audiencia de imputación en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló por presuntamente haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván. Se argumentó que esta relación de complicidad habría sido clave para que la justicia estatal le otorgara la libertad provisional en junio de 2024.
Esta información fue difundida esta mañana por el periodista Abel Barajas en el diario Reforma, donde se precisa que el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, expuso el riesgo real de fuga del exmandatario priista. La FGR sostiene que Duarte presuntamente cuenta con una red de colaboradores en Chihuahua, incluyendo a la gobernadora actual.
Debido a lo anterior, la jueza María Jazmín Ambriz López determinó imponer a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Adicionalmente, la FGR indicó que el apoyo institucional a Duarte quedó evidenciado en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua a proporcionar información sobre los bienes del exgobernador para una investigación, justificando la acción bajo el argumento del "secreto profesional."
Según reportes periodísticos, la jueza decretó un receso pasada la medianoche del domingo, tras una sesión de 11 horas en la que se desahogaron cerca de 100 elementos de prueba.
La jueza de control María Jazmín Ambriz López desestimó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión, emitida originalmente en mayo de 2024. El argumento de la defensa, que mencionaba un amparo que supuestamente impedía la detención y nulidades en la orden, fue rechazado por corresponder a causas penales distintas (una del fuero federal y otra estatal).
La FGR sostiene que los fondos ilícitos habrían provenido de la Secretaría de Hacienda estatal y se habrían canalizado a través de empresas vinculadas con Duarte. La Fiscalía tenía previsto presentar un centenar de pruebas, incluyendo lazos con familiares y otras compañías.
Duarte es imputado en el ámbito federal como coautor de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos de manera dolosa, mientras que la causa a nivel estatal se mantiene por peculado.
El exgobernador de Chihuahua y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, aseguró en Aristegui en Vivo que la reciente detención de Duarte pone fin a una etapa de impunidad que, según su criterio, fue facilitada por la administración de la actual gobernadora María Eugenia Campos.
Corral detalló que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, bajo la gestión de Campos, no procedió con ninguna de las 20 órdenes de aprehensión vigentes contra Duarte, las cuales suman un monto aproximado de 6,000 millones de pesos, abarcando la nómina secreta, la "Operación Zafiro" y otros casos.
El exmandatario chihuahuense afirmó además que Campos y otros funcionarios de su actual equipo formaron parte de la "nómina secreta" de Duarte, recibiendo pagos discretos mientras ella se desempeñaba como diputada local. Entre los beneficiarios de esta red se incluían políticos, líderes empresariales, religiosos y periodistas.
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