La empresa SEICSA, acusada por la FGR de integrar una red de huachicol y tráfico de armas vinculada a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, obtuvo más de 300 millones de pesos en contratos de vigilancia del propio organismo que hoy la investiga. La periodista Verónica Ayala, de MCCI, documentó cómo estas adjudicaciones se consolidaron durante el sexenio anterior.
La red operada por Rocha Cantú utilizó compañías de seguridad privada para adquirir, rematricular y distribuir armamento a grupos criminales, quienes portaban las armas con licencias registradas a nombre de las empresas. Ese esquema impedía detenciones en flagrancia, revelan expedientes judiciales consultados por MCCI.
Según datos de ComprasMx y la Plataforma Nacional de Transparencia, SEICSA logró entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos de la FGR, destinados a custodiar inmuebles, oficinas administrativas y delegaciones estatales. Solo en 2021, la Fiscalía le asignó un contrato por 181 millones de pesos para resguardar instalaciones clave.
Operadores, nexos y expansión institucional
Uno de los operadores centrales de SEICSA es Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado por la Fiscalía como líder logístico de la red criminal. Él coordinaba la rematriculación y distribución del armamento. Además, participó en el desfalco a Segalmex a través de la empresa Acurgen, también vinculada a la Estafa Maestra, según auditorías de la ASF.
SEICSA no solo obtuvo contratos de la Fiscalía. Entre 2018 y 2024 fue contratada por CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Infonacot, INBAL, INDEP, diversos puertos de ASIPONA y más dependencias federales. Parte de estos contratos no están listados en plataformas oficiales, especialmente los asignados por el Instituto Nacional de Migración, pese a documentarse en medios.
MCCI verificó que el SAT otorgó a SEICSA contratos para custodiar aduanas como Tijuana, Nogales y Guaymas, puntos críticos del llamado huachicol fiscal, donde ocurre el contrabando de combustible en la frontera norte.
La red creció con CFE y otras empresas vinculadas
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la CFE, SEICSA vivió una expansión sustancial: obtuvo hasta 264 millones de pesos en contratos para vigilar inmuebles de CFE Distribución. Acurgen, empresa vinculada a Alberts Ponce, reportó su domicilio en Séneca 350 en Polanco, una propiedad ligada a la familia de Julia Abdalá, pareja de Bartlett.
Ese mismo domicilio también alberga a SERPROSEP, otra firma de seguridad cuyo director, Christian Pablo Varela Escobedo, aparece en la causa penal 495/2025 como representante legal de SETER, una de las cinco empresas usadas por la red para traficar armas.
La ampliación del negocio no se limita a SEICSA. Servicios Integrales Valbon, otro eslabón de la red, obtuvo entre 2021 y 2024 por lo menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y la Sociedad Hipotecaria Federal. Meanwhile, SETER cerró al menos tres contratos con Liconsa entre 2019 y 2020, por un total cercano a 5 millones de pesos.
Las adjudicaciones muestran un patrón: empresas señaladas por integrar una red de tráfico de armas y huachicol recibieron durante años contratos millonarios del propio gobierno federal, incluidas instituciones responsables de investigar delitos de delincuencia organizada.
Con información de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI
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