De acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025, México se ubica como el tercer país con mayor criminalidad del mundo, al registrar una calificación de 7.68 sobre 10, una cifra que refleja un sistema criminal profundamente arraigado, diversificado y con creciente infiltración en instituciones públicas. El informe señala que las redes del crimen organizado operan con capacidad territorial, logística y financiera similar a la de corporaciones multinacionales.
Mercados ilícitos altamente consolidados
El documento detalla que los mercados ilegales más fuertes en México incluyen:
Trata de personas
Explotación sexual
Tráfico de migrantes
Extorsión y cobro de piso
Tráfico de armas
Comercio de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetaminas
Delitos ambientales como tala ilegal y tráfico de fauna
Fraudes financieros y lavado de dinero
Ciberdelitos con calificaciones entre 8 y 9 sobre 10
Estos mercados superan promedios globales y colocan al país a la cabeza del continente.

Cárteles y actores económicos en red
El estudio describe un sistema criminal que combina organizaciones tradicionales como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima, con redes financieras privadas, actores extranjeros y funcionarios coludidos, identificados como “state-embedded actors”.
Esta articulación permite mantener operaciones simultáneas en narcotráfico, minería ilegal, huachicol, tráfico de especies, manipulación de cadenas de suministro, cobro de cuotas y otros delitos altamente rentables.

Corrupción gubernamental: motor del sistema criminal
El índice otorga a México una calificación de 8.50 en la categoría de actores incrustados en el Estado, señalando a la corrupción gubernamental como principal facilitador del crimen organizado. Según el reporte, la delincuencia opera con infraestructura de impunidad construida desde dentro de las instituciones.
Los ejemplos documentados incluyen:
Municipios cooptados por cárteles.
Gobernadores de entidades como Tamaulipas y Sinaloa acusados por vínculos criminales.
El caso Genaro García Luna, que expone la colusión a nivel federal.
Influencia criminal en procesos políticos
El informe afirma que los grupos delictivos han intervenido en procesos electorales mediante:
Intimidación de votantes
Financiamiento ilegal de campañas
Agresiones contra candidaturas
Lo anterior afecta de forma directa la calidad democrática del país y evidencia la debilidad institucional.
Seguridad penetrada: policías, aduanas y sistema judicial
El documento advierte que:
Agencias policiales están penetradas por células criminales.
El sistema judicial sufre corrupción, ineficiencia y presión política.
Centros penitenciarios operan como centros de mando criminal.
Funcionarios participan en tráfico de armas, fraude aduanal y contrabando.
Casos como el fraude en Segalmex revelan la vulnerabilidad financiera del Estado.

Un Estado debilitado por corrupción e impunidad
Aunque México cuenta con leyes robustas y múltiples tratados internacionales, la resiliencia institucional apenas alcanza 4.5 de 10, una de las más bajas del continente. Entre los factores que limitan la respuesta del Estado destacan:
Corrupción sistémica
Impunidad judicial
Militarización sin controles civiles
Falta de protección a víctimas y testigos
Vulnerabilidad en aduanas y puertos
Violencia contra periodistas y personas defensoras
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con funcionarios implicados en casi la mitad de las agresiones documentadas.
Conclusión del índice 2025
El informe concluye que la combinación de mercados ilícitos altamente rentables, estructuras criminales diversificadas y un Estado debilitado coloca a México en una situación de “alta vulnerabilidad”, donde las organizaciones criminales mantienen influencia territorial, económica y política significativa. La infiltración institucional es el eje central que permite la expansión del crimen organizado.
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