México inaugura una “nueva era” en el Poder Judicial este lunes, con la toma de posesión de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hecho histórico en un país donde la impunidad ha marcado la justicia.
Más de 800 cargos entre ministros de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y jueces distritales y estatales asumen funciones tras los comicios del pasado 1 de junio, considerados inéditos en la historia judicial del país.
Participación y cuestionamientos
La elección ha sido cuestionada por la baja participación ciudadana, de apenas 13% del electorado, y por denuncias de irregularidades que habrían favorecido a candidatos cercanos al oficialismo de izquierda.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que, a partir del 1 de septiembre, inicia una etapa en la que los jueces son “elegidos por el pueblo de México”, señalando que esta reforma busca poner fin a un sistema marcado por corrupción, nepotismo y privilegios.
Suprema Corte y nuevos desafíos
El indígena mixteco Hugo Aguilar, candidato más votado, asume como presidente de la Suprema Corte, integrada por nueve integrantes, seis de ellos cercanos al oficialismo.
Aguilar señaló en su cuenta de X que el máximo tribunal enfrenta el reto de “recuperar la confianza de la ciudadanía” y acercar la justicia a todos los sectores de la población.
Segunda etapa de la elección y críticas de la oposición
La reforma judicial, impulsada por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum, tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar puestos de la Suprema Corte y jueces locales.
Opositores y activistas, como Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, denuncian que la reforma no busca combatir la impunidad, que supera el 90% en México, sino capturar políticamente al Poder Judicial.
Meza señaló que la selección de candidatos afines al gobierno incluyó el reparto de volantes conocidos como “acordeones”, que direccionaban el voto hacia ciertos aspirantes, y que en elecciones estatales los procesos fueron controlados por los gobernadores de cada entidad.
Riesgo de juzgados capturados
Defensorxs identificó al menos 25 candidatos “altamente riesgosos” con antecedentes por delitos que van desde corrupción hasta trata de personas, o acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estos candidatos resultaron elegidos, incluyendo Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ahora es jueza penal en Chihuahua. Delgado ha demandado a medios y al activista Meza por violencia política de género ante la difusión de su vínculo con el narcotráfico.
Meza advierte que la presencia de este tipo de personajes podría convertir casos aislados de corrupción en una contaminación generalizada del sistema judicial, asegurando que habrá juzgados capturados que operen en favor de políticos o del crimen organizado.
Con información de El Economista
*BC
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