Al dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin definición clara sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), México se expone a un posible proceso de responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Asamblea General de la OEA. El retraso impacta directamente a cientos de personas que permanecen privadas de la libertad mientras sus procesos se encuentran varados por la falta de resolución sobre esta medida cautelar.
Simón Hernández, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, señaló que en noviembre de 2025 México deberá presentar un informe sobre cómo ha dado cumplimiento a la sentencia de la CIDH dictada en 2023. Será para el próximo año cuando el tribunal internacional determine si el país ha incumplido y podría enfrentar sanciones o llamados de atención ante instancias internacionales.
“México nunca ha tenido un posicionamiento confrontativo con el Sistema Interamericano. Siempre ha sido de colaboración, de construcción y de cumplimiento, aunque con retrasos. En este caso, todo indica que las autoridades no querrán cumplir, y seguramente habrá un llamado más enérgico de la Corte Interamericana el próximo año”, advirtió Hernández.
Contexto histórico y comparativo
El experto recordó que situaciones similares solo se han presentado en países con alteraciones internas y constitucionales, como Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori o Venezuela hacia el final del mandato de Hugo Chávez.
Tras la sentencia de la CIDH, se ordenó pausar los amparos presentados por personas en prisión preventiva oficiosa hasta que la SCJN resolviera la aplicación de la medida, dejando a cientos de internos en un limbo judicial. Hernández enfatizó que los afectados son principalmente personas privadas de su libertad debido a decisiones judiciales arbitrarias o deficientes, quienes esperaban que los amparos les permitieran salir de prisión.
Impacto en el sistema penitenciario
El retraso de la SCJN también agrava problemas históricos del sistema penitenciario mexicano, como hacinamiento, sobrepoblación, autogobierno y corrupción dentro de los centros de reclusión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reportado que los principales problemas en los 14 centros carcelarios federales incluyen la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como la atención limitada a personas adultas mayores.
Hernández subrayó que la discusión sobre la PPO se ha limitado al debate político, pero lo realmente importante es garantizar la eficacia de las fiscalías al defender a las víctimas y justificar cuándo la prisión preventiva debe aplicarse.
“Lo que no debería suceder es la aplicación automática de la prisión preventiva, porque genera distorsiones graves en el sistema de procuración de justicia. Se fomenta la fabricación de delitos, se investigan mal los casos reales, no se desarrollan capacidades de investigación y se dificulta garantizar reparación a las víctimas”, afirmó el especialista.
Crecimiento de los delitos sujetos a PPO
Un análisis de México Evalúa indica que los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa pasaron de seis en 2008 a 23 en 2025, incluyendo 16 nuevos delitos agregados entre 2019 y la actualidad, lo que evidencia la ampliación de esta medida cautelar y la presión sobre el sistema judicial y penitenciario.
Riesgo internacional y derechos humanos
El retraso en la resolución de la SCJN coloca a México en una posición delicada ante organismos internacionales, ya que el incumplimiento de la sentencia de la CIDH podría derivar en llamados formales de la ONU y la OEA. Esto representa un desafío para el país, que históricamente ha mostrado colaboración con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El caso pone en evidencia la necesidad de un equilibrio entre seguridad, justicia y derechos humanos, asegurando que la prisión preventiva oficiosa no se convierta en una medida automática que vulnere garantías fundamentales de los ciudadanos.
Con información de La Razón
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