Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, inició su cooperación con el gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable de cuatro cargos criminales. Uno de los puntos clave de su colaboración incluye la entrega de 80 millones de dólares en propiedades y otros activos, además de su disposición a testificar en diversos procesos judiciales.
Se declara culpable y pasa a colaborar con autoridades estadounidenses
El pasado 11 de julio, la Fiscalía General de Estados Unidos confirmó que Ovidio Guzmán se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado y dos más por conspiración para traficar drogas. A raíz de ello, el exlíder de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fue formalmente reconocido como colaborador activo del Departamento de Justicia.
De acuerdo con información obtenida por CBS News, uno de los primeros compromisos asumidos por Guzmán López es facilitar la recuperación de 80 millones de dólares en activos. Además, se comprometió a proporcionar información completa y veraz sobre la operación del cártel, y a testificar en cualquier proceso criminal, civil o administrativo que sea requerido.
Audiencia clave programada en seis meses
La jueza federal Sharon Johnson Coleman programó una nueva audiencia dentro de seis meses, en la cual se espera que se den a conocer los términos precisos del acuerdo y las recomendaciones de sentencia que podrían derivarse del mismo.
Este paso podría abrir la puerta a una reducción significativa de la condena de Guzmán, quien actualmente enfrenta una cadena perpetua, igual que su padre, Joaquín Guzmán Loera, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence.
Ovidio Guzmán podría recibir sólo 10 años de prisión
El acuerdo alcanzado por Ovidio Guzmán podría traducirse en una sentencia reducida a tan solo 10 años de cárcel, lo que generó reacciones inmediatas desde México.
Durante su conferencia matutina del 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de incoherente la postura del Gobierno de Estados Unidos respecto a su política de seguridad y cooperación internacional.
“Se nombra a la delincuencia organizada como ‘terroristas’, tienen una política de no negociar con el terrorismo; y después negocian. Lo tiene que explicar el gobierno de Estados Unidos o las instituciones que pertenecen al Departamento de Justicia o quien tome estas decisiones”, señaló la mandataria desde Palacio Nacional.
La crítica apunta a la inconsistencia de la narrativa oficial estadounidense, que ha presionado en años recientes para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que usualmente implica no negociar con sus integrantes.
Contexto de alto impacto binacional
El caso de Ovidio Guzmán se ha convertido en símbolo de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, pero también ha expuesto tensiones políticas sobre el tratamiento a los líderes criminales. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, tras ser capturado en Culiacán en un operativo que dejó decenas de muertos y heridos.
Ahora, su cambio de estrategia legal podría tener repercusiones directas en futuras investigaciones contra el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos en ambos lados de la frontera.
*OCR
156
Me Gusta
Comentar
Compartir
