WASHINGTON / CIUDAD DE MÉXICO. — La administración de Donald Trump ha iniciado una ofensiva diplomática sin precedentes contra México, exigiendo la investigación, procesamiento y extradición de políticos en funciones con presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta postura, confirmada por al menos cuatro fuentes cercanas a las negociaciones, representa un giro radical en la relación bilateral y amenaza con tensar aún más los lazos entre ambos países.
Durante reuniones bilaterales celebradas en Washington, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha encabezado la exigencia estadounidense, planteando la posibilidad de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos si no se actúa de manera decidida contra la narcopolítica.
Marina del Pilar, la figura más señalada
Entre los nombres señalados por funcionarios estadounidenses estarían al menos cinco miembros del partido Morena, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien recientemente informó que el gobierno de EE. UU. le canceló las visas a ella y a su esposo. Aunque no se explicaron oficialmente los motivos, dos fuentes aseguran que su nombre figura en una lista confidencial de personas con presuntos vínculos con grupos criminales.
“Una injusticia”, calificó Marina del Pilar la decisión en sus redes sociales.
La embajada de Estados Unidos en México no ha emitido comentarios sobre el caso, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado formalmente ninguna investigación en su contra, al menos de forma pública.
Trump condiciona el comercio a medidas de seguridad
En una reunión celebrada el 27 de febrero en Washington, altos funcionarios de ambos países abordaron la posibilidad de intensificar la cooperación en materia de seguridad, pero bajo condiciones claras. Estados Unidos propuso la creación de un “zar del fentanilo” que se coordine directamente con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y exigió un mayor control fronterizo del lado mexicano.
A este encuentro asistieron:
Pam Bondi, fiscal general de EE. UU.
Representantes de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro
Por parte de México: Juan Ramón de la Fuente, canciller; Alejandro Gertz Manero, fiscal general; y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.
El trasfondo de estas exigencias es claro: Washington teme que los cárteles estén infiltrando estructuras políticas en México, y considera que la cooperación actual ya no es suficiente.
El precedente de Cienfuegos y la línea roja del fuero político
México mantiene una política restrictiva en cuanto al procesamiento de políticos en funciones. Según su legislación, solo pueden ser juzgados por delitos como narcotráfico o delincuencia organizada si el Congreso les retira el fuero constitucional.
El precedente más cercano fue la polémica detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020, realizada por la DEA en Los Ángeles. La acción provocó una crisis diplomática que terminó con la liberación del general y su retorno a México, donde no fue procesado.
México extraditó a 29 criminales tras amenazas arancelarias
En un contexto cada vez más delicado, en febrero pasado el gobierno mexicano extraditó a 29 líderes criminales a EE. UU., el número más alto en años. Esto ocurrió poco después de que Trump amenazara con aplicar aranceles generalizados a las importaciones mexicanas, estrategia que parece estar repitiéndose ahora como presión directa sobre la clase política mexicana.
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