Videovigilancia criminal: una amenaza creciente, Ejército ha retirado hasta 10 mil cámaras

Durante 2025, las autoridades federales mexicanas comenzaron a desinstalar videocámaras ilegales colocadas por organizaciones criminales en todo el país. El objetivo de estas redes clandestinas es vigilar comunidades, rutas de trasiego y la actividad de las fuerzas de seguridad, lo que representa una forma avanzada de control territorial por parte de los cárteles.

De acuerdo con registros oficiales, casi 10 mil cámaras han sido desmontadas hasta ahora, en lo que se perfila como uno de los mayores operativos de inteligencia y seguridad nacional recientes.

Oaxaca y el Estado de México, bajo monitoreo criminal

El caso de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, evidenció la magnitud de esta práctica. El pasado 17 de marzo, la Fiscalía General del Estado informó del aseguramiento de más de 40 cámaras ilegales instaladas por células delictivas. Las cámaras estaban colocadas en puntos estratégicos de calles y avenidas del municipio costero.

En el Estado de México, específicamente en Naucalpan, el Operativo “Halcón” logró el retiro de 208 videocámaras colocadas en árboles, postes y puentes. A esto se suman otras 19 cámaras desmanteladas recientemente en operativos conjuntos con la Guardia Nacional y la FGJEM.

Los estados más afectados

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad federal, los estados con mayor número de cámaras ilegales desactivadas son:

• Estado de México: 398

• Baja California: 344

• Veracruz: 305

• Chiapas: 221

• Tabasco: 192

• Jalisco: 178

• San Luis Potosí: 160

• Sonora: 144

• Guerrero: 121

Incluso estados con baja incidencia mediática, como Nayarit, Tlaxcala o Morelos, aparecen en el registro, revelando la expansión nacional de estas redes ilegales.

Cárteles superan al Estado en capacidad tecnológica

Para dimensionar el fenómeno, basta compararlo con los sistemas de videovigilancia oficiales. Sólo Ciudad de México (69,533 cámaras) y el Estado de México (20,000 cámaras) tienen más equipos que los que fueron confiscados al crimen organizado.

Esto sugiere que grupos criminales operaban con más tecnología que muchos gobiernos estatales, consolidando así su capacidad de inteligencia local y reacción rápida.

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