CHILPANCINGO, Gro. – La mañana de este martes, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Lambertina Galeana Marín, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, en su domicilio ubicado en el centro de Chilpancingo. La acción se realizó en coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestros y la Agencia de Investigación Criminal, como parte de las investigaciones por el caso Ayotzinapa.
Lambertina Galeana fue arrestada en su domicilio por la FGR en Chilpancingo
La detención ocurrió alrededor de las 9:00 horas en la colonia Ruffo Figueroa, entre las calles Abasolo y SCT. Los agentes llegaron una hora antes para ejecutar la orden judicial. Debido a que Galeana Marín presentó problemas de hipertensión arterial, fue trasladada en una ambulancia de Protección Civil estatal, según reportes oficiales.
La exfuncionaria se retiró recientemente del Poder Judicial tras acogerse al régimen de jubilación a principios de este año, junto con otros expresidentes del TSJ. Hasta el momento, su situación jurídica no ha sido esclarecida por las autoridades.
La exmagistrada está vinculada con la destrucción de evidencia del caso Ayotzinapa
La detención está directamente relacionada con el informe presentado en agosto de 2022 por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el cual se señala a Lambertina Galeana por haber ordenado la destrucción de videos captados por seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según ese informe, la entonces magistrada argumentó que las imágenes no eran claras “por problemas técnicos”, lo que encendió las alarmas sobre una posible obstrucción de la justicia en uno de los casos más graves de desaparición forzada en México.
Este hecho representa un nuevo avance en el proceso de esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y pone nuevamente bajo el foco la participación de autoridades judiciales en el ocultamiento de evidencia crucial. La sociedad y organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que el proceso avance con transparencia y justicia.
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