El centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, instalado en los Everglades de Florida, mantuvo a personas detenidas en pequeñas jaulas metálicas, con espacios habitacionales por debajo de los estándares establecidos y deficiencias en agua, higiene, recreación y acceso a recursos legales.
Los hallazgos aparecen en el informe OIG-26-22 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), elaborado después de una inspección no anunciada realizada en enero de 2026 en la instalación oficialmente denominada Florida Soft-Sided Facility, en Ochopee. El documento fue publicado el 11 de septiembre.
La revisión encontró incumplimientos en seis áreas de los estándares de detención: atención médica, alimentación, higiene personal, recreación, salud y seguridad ambiental y manejo de personas colocadas en unidades especiales. La instalación era operada por Florida y alojaba a migrantes bajo custodia migratoria federal.
Jaulas metálicas usadas como “áreas de calma”
Uno de los hallazgos centrales fue la existencia de pequeños recintos metálicos que el personal denominaba “áreas de calma”. Los espacios tenían alrededor de 18 pies cuadrados, poco más de 1.6 metros cuadrados, y eran apenas mayores que una cabina telefónica.
Los registros revisados por los inspectores muestran que 79 detenidos fueron colocados en esas estructuras entre julio de 2025 y enero de 2026. El tiempo de permanencia iba desde unos minutos hasta casi dos horas. El organismo de supervisión calificó el uso de espacios tan restrictivos como una práctica altamente inusual y contraria a parámetros de trato humano.
El personal sostuvo que las estructuras servían para que una persona pudiera tranquilizarse o controlar sus emociones. Sin embargo, la investigación encontró al menos un caso en el que un detenido permaneció dentro después de incumplir una orden, por lo que el espacio fue utilizado con una finalidad disciplinaria.
Meses antes, testimonios recopilados por organizaciones de derechos humanos habían descrito un espacio denominado “the box”, donde detenidos afirmaron haber sido inmovilizados y expuestos a las condiciones ambientales. Amnistía Internacional consideró que determinados usos de esas estructuras podían constituir tortura u otros malos tratos; el Inspector General no adoptó esa misma calificación jurídica en su informe.
Hasta 28 pies cuadrados por detenido
Los problemas no se limitaron a las pequeñas jaulas. En las unidades de alojamiento general, la inspección encontró que cada persona podía disponer de apenas 28 pies cuadrados de espacio cuando los dormitorios operaban a su capacidad máxima.
Los estándares aplicables contemplaban 75 pies cuadrados por persona. En una de las áreas revisadas, denominada Alpha 3, ninguna de las ocho unidades habitacionales examinadas cumplía con ese mínimo; los detenidos tenían entre aproximadamente 28 y 40 pies cuadrados.
Las estructuras estaban delimitadas por cercas metálicas y contenían literas, sanitarios, lavabos y teléfonos, pero carecían de espacios comunes suficientes. El informe también documentó restricciones en las unidades de manejo especial, donde algunas personas permanecían prácticamente todo el día dentro de sus áreas de confinamiento.
Agua, duchas y plagas dentro de las instalaciones
La inspección también encontró problemas relacionados con el agua para consumo humano. De ocho detenidos entrevistados, seis afirmaron que no tenían acceso adecuado a agua limpia para beber.
Las condiciones sanitarias fueron otro punto observado. Los internos podían ducharse únicamente tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes—, a pesar de que los estándares contemplaban acceso diario a una ducha.
Durante el recorrido, los inspectores observaron pequeños insectos en los techos de las duchas. Siete de las ocho personas entrevistadas señalaron además que las áreas de alojamiento no se mantenían limpias. Los estándares de detención exigen que las instalaciones permanezcan libres de insectos y otras plagas.
La revisión federal también identificó deficiencias vinculadas con almacenamiento de alimentos, higiene y condiciones ambientales, ampliando los problemas más allá de las áreas donde dormían los detenidos.
Restricciones para contactar a abogados
Las personas alojadas en unidades especiales enfrentaban además obstáculos para acceder a material jurídico, teléfonos y asistencia legal.
El informe documentó que algunos detenidos permanecían sin biblioteca jurídica ni materiales para preparar sus casos migratorios. Esas limitaciones podían dificultar el contacto con abogados mientras enfrentaban procesos de deportación.
Las condiciones coinciden con testimonios recopilados durante 2025 por defensores de migrantes, quienes documentaron problemas para contactar familiares, localizar detenidos y obtener representación jurídica. Las denuncias provocaron posteriormente una investigación impulsada en el Senado estadounidense.
DHS rechazó las acusaciones de trato inhumano
Las autoridades migratorias defendieron el funcionamiento del centro. La respuesta oficial sostuvo que la instalación cumplía con los estándares federales de detención empleados por distintas administraciones y rechazó las acusaciones de condiciones inhumanas o uso excesivo de la fuerza.
El Inspector General, sin embargo, concluyó que el centro incumplió diversos requisitos relacionados con espacio, higiene, recreación y seguridad. La inspección también encontró que el personal no podía identificar claramente qué conjunto de estándares utilizaba para mantener a los detenidos.
‘Alligator Alcatraz’ cerró en junio de 2026
La instalación comenzó a operar en julio de 2025 en una pista aérea de los Everglades y se convirtió en una pieza visible de la política migratoria impulsada por el gobierno de Florida y respaldada por la administración de Donald Trump.
El centro cerró el 25 de junio de 2026, después de menos de un año de operaciones. Las autoridades trasladaron a sus detenidos a otras instalaciones ante los riesgos asociados con la temporada de huracanes.
El informe federal ofrece ahora documentación oficial sobre condiciones que durante meses habían sido descritas por antiguos detenidos y organizaciones civiles: confinamiento en espacios extremadamente reducidos, falta de higiene, problemas con el agua y restricciones para acceder a recursos legales.
*BC
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