La política migratoria de Donald Trump, en su segundo mandato, ha reactivado una crisis humanitaria poco visible: cientos de personas adoptadas por familias estadounidenses hace décadas viven hoy en un limbo jurídico.
Muchos de estos hombres y mujeres, adoptados cuando eran niños por ciudadanos de Estados Unidos, nunca completaron el trámite de naturalización y ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados. Bajo la actual legislación, quienes carecen de ciudadanía califican como indocumentados, lo que los convierte en objetivos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El miedo ha crecido entre los afectados, quienes buscan ayuda en organizaciones legales especializadas ante el incremento de las acciones de control migratorio.
Casos en aumento: más de 275 solicitudes de asesoría
De acuerdo con Greg Luce, abogado del Centro Legal para los Derechos de los Adoptados, la situación se agravó tras el regreso de Trump al poder.
“Tras conocerse los resultados electorales, las solicitudes de ayuda se dispararon”, aseguró Luce en entrevista con Diario NY. Desde entonces, su organización ha recibido más de 275 solicitudes de asesoría jurídica, muchas de ellas de personas que jamás imaginaron estar en situación irregular.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha fijado plazos para la regularización de estos casos, pero las medidas han puesto “contra las cuerdas” a cientos de familias que llevan décadas viviendo legalmente en el país.
Alternativas y vacíos legales para los adoptados sin ciudadanía
La abogada de derechos civiles Emily Howe subraya que la solución debería ser sencilla:
“Los niños adoptados deberían tener los mismos derechos que sus hermanos biológicos cuyos padres eran ciudadanos estadounidenses al momento de su nacimiento”.
Según Howe, estas personas fueron admitidas legalmente bajo políticas estadounidenses y no tienen culpa de los trámites que sus padres adoptivos omitieron. Hoy, la mayoría tiene entre 40 y 60 años, lleva una vida plenamente estadounidense y solo pide ser escuchada sin ser criminalizada.
Diversas asociaciones civiles piden al Congreso estadounidense aprobar una ley de ciudadanía automática para adoptados internacionales, una propuesta que ha sido discutida, pero nunca aprobada de forma definitiva.
La historia de Shirley Chung: una vida estadounidense en riesgo
El caso de Shirley Chung ilustra el drama de miles. Nacida en Corea del Sur en 1966, fue adoptada con apenas un año por una pareja estadounidense que la llevó a Texas. Su vida transcurrió como la de cualquier joven de su entorno: estudió, trabajó, formó una familia y se convirtió en profesora de piano.
“Soy una hija de los 80”, dice Shirley, quien vivió décadas sin dudar de su identidad. Pero en 2012 todo cambió. Al perder su tarjeta de Seguridad Social, acudió por un duplicado y fue entonces cuando descubrió que no era ciudadana estadounidense.
Desde entonces, su situación migratoria la coloca en riesgo de deportación, pese a haber vivido casi toda su vida en Estados Unidos.
Una deuda pendiente del sistema migratorio
El problema de los adoptados internacionales sin ciudadanía ha sido reconocido por organizaciones como el Adoptee Rights Law Center y el Centro Nacional de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, que exigen una reforma legislativa urgente.
El endurecimiento de la política migratoria de Trump ha visibilizado un vacío legal que afecta a miles de personas con raíces, familia y vida en Estados Unidos. Para muchos, el país que los acogió en la infancia hoy amenaza con expulsarlos.
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