El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército estadounidense mató a cuatro personas acusadas de narcotráfico en un nuevo ataque marítimo realizado el miércoles en aguas internacionales del océano Pacífico oriental. Según el funcionario, la embarcación atacada pertenecía a una “organización designada como terrorista”, en el marco de la campaña militar ordenada por el presidente Donald Trump contra grupos criminales latinoamericanos.
Hegseth difundió el anuncio a través de sus redes sociales, acompañado de un video de 22 segundos donde se observa una lancha envuelta en llamas. El funcionario aseguró que el Pentágono continuará “persiguiendo y eliminando” a los narcoterroristas que operan en el hemisferio occidental.
Escalada de ataques bajo la administración Trump
El ataque del miércoles ocurrió solo dos días después de una serie de operaciones letales en las que murieron 14 hombres en tres acciones coordinadas contra embarcaciones en el Pacífico. Desde el inicio de la ofensiva, más de 60 personas han muerto en la campaña estadounidense.
De acuerdo con Hegseth, la estrategia responde a la orden directa del presidente Trump, quien ha calificado a varios cárteles como “narcoterroristas” y ha otorgado al ejército la potestad de atacarlos sin previo aviso.
“El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que traen drogas a nuestras costas”, afirmó el secretario de Defensa.
Inicialmente, las operaciones se concentraron en el mar Caribe, cerca de Venezuela, pero se han extendido hacia el Pacífico oriental, frente a Colombia y otras zonas de Sudamérica.
Crecen críticas por la legalidad de la campaña
Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de la ofensiva, argumentando que el ejército no tiene autorización para atacar a civiles o sospechosos de delitos que no participen directamente en un conflicto armado. Sin embargo, la administración Trump sostiene que el presidente puede “determinar” unilateralmente que los cárteles son combatientes enemigos.
El mandatario también afirmó que “cada barco destruido salva 25.000 vidas estadounidenses”, aunque especialistas indican que la mayoría de las 100.000 muertes anuales por sobredosis en Estados Unidos se deben al fentanilo procedente de México, no a la cocaína sudamericana.
Tensión en el Congreso: republicanos y demócratas se enfrentan
La estrategia militar ha generado fricciones en el Congreso. Varios senadores republicanos han expresado su descontento por no haber sido consultados antes de los ataques y han considerado proponer leyes que obliguen a la Casa Blanca a pedir autorización previa.
El senador Mike Rounds, miembro de los Comités de Inteligencia y de Servicios Armados, lamentó que las reuniones informativas fueran exclusivas para republicanos. Por su parte, el senador demócrata Mark Warner calificó la exclusión de “indefendible y peligrosa” y exigió una justificación legal clara de las operaciones por parte del Departamento de Justicia.
Asimismo, el senador Mark Kelly criticó la falta de transparencia:
“Se hicieron un lío e intentaron explicar por qué es legal hacer esto”, dijo.
En contraste, el republicano Jim Risch defendió las sesiones separadas, calificándolas como una práctica habitual. Sin embargo, Kelly advirtió que se trata de una cuestión de seguridad nacional que no debería politizarse, y alertó sobre el riesgo de una escalada hacia un conflicto con Venezuela.
Próximos pasos del Pentágono
El jueves, funcionarios del Pentágono tienen previsto ofrecer sesiones informativas a legisladores de ambos partidos, según fuentes del Congreso. El objetivo es calmar las tensiones y defender la legalidad de la ofensiva, aunque crece la presión para que la administración Trump rinda cuentas al Congreso antes de ordenar nuevos ataques.
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