Washington, D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes una resolución histórica que restringe el poder de los jueces federales para bloquear políticas gubernamentales a nivel nacional, pero evitó pronunciarse directamente sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Donald Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento.
En una decisión dividida 6 contra 3, el máximo tribunal resolvió que las restricciones propuestas por Trump no entrarán en vigor hasta dentro de 30 días, devolviendo los casos a los tribunales inferiores. Allí se decidirá si los jueces pueden bloquear nuevamente las medidas, aunque sea de forma parcial o regional.
Una batalla legal de alto impacto político
El núcleo del caso es la orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump el 20 de enero, que redefine quién puede ser considerado ciudadano estadounidense al nacer. La disposición limitaría la ciudadanía por nacimiento exclusivamente a los hijos de ciudadanos o residentes permanentes, dejando fuera incluso a hijos de personas con visas temporales.
De concretarse, la medida contradiría el principio tradicionalmente aceptado de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que concede la ciudadanía a "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos", siempre que estén sujetas a su jurisdicción.
El propio Trump celebró el fallo en su red social, calificándolo como una "GRAN VICTORIA" y afirmando que la ciudadanía por nacimiento estaba originalmente pensada para los descendientes de esclavos y no para lo que él llamó una "ESTAFA" en el proceso migratorio actual.
Restricciones al poder judicial
Más allá del tema migratorio, el fallo marca un giro en la jurisprudencia sobre el alcance de los mandatos judiciales universales. En representación de la mayoría conservadora, la jueza Amy Coney Barrett escribió:
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo. Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”.
Esto sugiere que un solo juez ya no podrá bloquear una política federal en todo el país, salvo excepciones, una decisión que podría beneficiar los esfuerzos de Trump por implementar su agenda en un eventual segundo mandato.
Los tres jueces liberales expresaron una firme oposición. La magistrada Sonia Sotomayor fue enfática al señalar:
“De un plumazo, el presidente ha hecho una burla solemne de nuestra Constitución. En lugar de mantenerse firme, la corte cede”.
Reacciones y próximos pasos
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, uno de los principales demandantes, celebró que la orden ejecutiva no entre en vigor de inmediato.
“El enfoque del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento es una fórmula para el caos y el perjuicio a los estados”, declaró. “Confiamos en que su orden flagrantemente inconstitucional seguirá siendo suspendida por los tribunales”.
Durante los próximos 30 días, el gobierno federal podrá preparar directrices sobre cómo se aplicaría la orden ejecutiva si logra implementarse. Sin embargo, el litigio continúa, con estados liderados por demócratas y organizaciones proinmigrantes comprometidos a bloquear la medida en tribunales de distrito.
Fundamento legal en disputa
La última vez que la Corte Suprema se pronunció claramente sobre la ciudadanía por nacimiento fue en 1898, cuando avaló los derechos de un hombre nacido en California de padres chinos. Esa doctrina fue reafirmada en 1982 al garantizar la educación pública a inmigrantes indocumentados.
Desde entonces, el principio ha sido considerado inamovible, aunque algunos sectores conservadores —como los aliados de Trump— sostienen que el texto constitucional ha sido malinterpretado y que el Congreso debería tener mayor voz en definir el alcance de la enmienda.
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