La resistencia en la Bahía de Ohuira marcó un nuevo capítulo este lunes, cuando comunidades indígenas mayo-yoreme tomaron de forma pacífica las instalaciones de la planta de amoniaco en Sinaloa, operada por la empresa Proman.
Desde la madrugada, integrantes del colectivo ¡Aquí No! instalaron un plantón indefinido en el acceso principal de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), como parte de su lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente.
La movilización, que reúne a habitantes de diversas comunidades, representa una de las acciones más contundentes en más de una década de resistencia.
Plantón indefinido: comunidades exigen respuesta del gobierno
El bloqueo inició alrededor de las 4:00 de la mañana con la instalación de carpas y símbolos de resistencia. Entre 150 y 200 personas participan activamente en la ocupación, provenientes de localidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos.
El vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, dejó clara la postura del grupo:
“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”.
Los manifestantes han advertido que no permitirán el acceso a la planta, manteniendo una presión constante sobre las autoridades ambientales.
Denuncian daños ambientales en zona protegida
El principal reclamo de los pueblos indígenas es la cancelación definitiva del proyecto, al considerar que la planta de amoniaco de Proman representa una amenaza directa para el ecosistema.
Según denuncian, ya se han registrado:
- Tala de manglares
- Relleno de 28 hectáreas de humedales
- Alteraciones en una zona ecológica protegida
La Bahía de Ohuira forma parte del sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional.
Para las comunidades, el daño ambiental ya es irreversible, lo que hace inviable la continuidad del proyecto.
12 años de lucha contra megaproyecto petroquímico
La oposición a la planta no es reciente. Los pueblos mayo-yoreme han mantenido una lucha de más de 12 años contra la construcción del complejo.
En 2022, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció el derecho de las comunidades a ser consultadas. Sin embargo, los opositores denuncian irregularidades en el proceso, incluyendo presuntas prácticas de coacción.
A pesar de los fallos judiciales y las protestas, la construcción de la planta alcanza ya un 88% de avance, lo que intensifica la preocupación de los habitantes.
Alertas internacionales por riesgos ambientales y humanos
El conflicto ha trascendido a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido alertas dirigidas a los gobiernos involucrados, ante los posibles riesgos del proyecto.
Entre las principales preocupaciones destacan:
- Posibles fugas de amoniaco
- Formación de nubes tóxicas
- Impacto en 6,600 personas que dependen del ecosistema
Estos riesgos colocan el conflicto no solo como un tema ambiental, sino también de seguridad y derechos humanos.
Comunidades rechazan reubicación y exigen reparación total
Aunque la empresa promotora ha defendido el proyecto como un modelo de desarrollo económico, las comunidades han rechazado cualquier alternativa que no implique su cancelación definitiva.
Los pueblos indígenas exigen:
- Clausura total de la planta
- Reparación del daño ambiental
- Respeto a sus derechos como comunidades originarias
Además, consideran que trasladar el proyecto a otra zona no soluciona el problema de fondo.
Autoridades proponen estudios, pero comunidades exigen acciones
Mientras instancias como Semarnat y Profepa plantean la realización de nuevos estudios ambientales, los manifestantes sostienen que el daño ya está comprobado.
Para los líderes del movimiento, retrasar decisiones solo agrava la situación y prolonga un conflicto que consideran urgente.
La falta de resolución ha generado desconfianza hacia las autoridades encargadas de la protección ambiental.
*BC
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