La Ciudad de México llega a la antesala del Mundial 2026 con un debate sin resolver: mantener la regulación o flexibilizar las rentas temporales tipo Airbnb para atender la llegada masiva de visitantes. La discusión, sin embargo, permanece atrapada entre amparos judiciales, omisiones institucionales y una crisis de vivienda que ya expulsó a miles de familias capitalinas.
Mientras sectores del gobierno y de la iniciativa privada presionan para relajar temporalmente las restricciones, organizaciones vecinales y especialistas advierten que hacerlo podría agravar la gentrificación y el encarecimiento de las rentas en colonias céntricas.
Congreso local dividido por la capacidad hotelera y la presión inmobiliaria
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Villanueva, reconoció que dentro del Congreso de la Ciudad de México existe una división clara. Por un lado, quienes sostienen que la capital no cuenta con suficiente capacidad hotelera para recibir a los visitantes del Mundial; por otro, quienes alertan que flexibilizar la regulación “agravaría la presión inmobiliaria”.
Villanueva recordó que la normativa aprobada por el Gobierno de la CDMX permite hasta seis meses de hospedaje al año por inmueble, lo que —asegura— ya es una regulación más permisiva que la existente en otras ciudades del mundo.
A su juicio, plantear un relajamiento adicional bajo el argumento del Mundial es “un falso debate con vistosidad mediática”.
Amparos y un limbo jurídico en la regulación de Airbnb
La regulación enfrenta obstáculos legales. Airbnb y decenas de anfitriones interpusieron amparos que frenaron la entrada en vigor de medidas clave como:
El límite del 50% de noches disponibles al año.
El padrón obligatorio de anfitriones.
La fiscalización efectiva del uso de inmuebles.
Las suspensiones definitivas han dejado a la ciudad en un limbo jurídico: no hay claridad sobre los límites, nadie fiscaliza y el registro digital que debía operar desde 2024 sigue sin activarse. Organizaciones vecinales también han recurrido a tribunales, acusando al gobierno capitalino de incumplir la implementación del padrón.
Información oficial sobre la normativa puede consultarse en el Gobierno de la Ciudad de México y en la plataforma de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).
El encarecimiento de la vivienda, el fondo del conflicto
Para Gerardo Villanueva, la raíz del conflicto es clara: el encarecimiento brutal de la vivienda. “Los propietarios prefieren rentar a aplicaciones porque pagan mejor, lo que empuja a jóvenes, familias y adultos mayores fuera de sus colonias”, afirmó.
Colonias como La Condesa ya registraban rentas elevadas, pero con la expansión de Airbnb en la CDMX, los precios se dispararon aún más. El legislador insistió en que la prioridad debe ser proteger el derecho de la población a seguir habitando sus barrios.
Aunque reconoce que el Mundial dejará una derrama económica, subrayó que “son solo cinco partidos y dos meses; no se puede desmantelar una política de vivienda por un evento temporal”.
Gentrificación y debilitamiento institucional
“La gentrificación nos alcanzó”, admite Villanueva. Entre 2012 y 2018, señaló, hubo un desmantelamiento del financiamiento a la vivienda pública, seguido por el sismo de 2017 y la crisis por COVID-19, factores que mermaron la capacidad del Estado para construir vivienda social.
A ello se sumó el desvío de recursos destinados a la reconstrucción por parte de exfuncionarios capitalinos, lo que debilitó aún más al Instituto de Vivienda (INVI). En ese contexto, el crecimiento de las rentas temporales aceleró la expulsión silenciosa de residentes.
Hoy, el desplazamiento es tangible: más de 23 mil familias, equivalentes a unas 100 mil personas, han abandonado sus colonias por el incremento de las rentas.
Déficit habitacional y un reto estructural
Muchos de los desplazados se reubicaron primero en Iztapalapa y después en el Estado de México. Otros conservan su credencial de elector en su alcaldía de origen “por nostalgia”, aunque ya no vivan ahí.
Este fenómeno, advierte Villanueva, es distinto al rezago tradicional: se trata de desarraigo por presión del mercado, amplificado por la llegada de nómadas digitales y la especulación inmobiliaria.
El déficit de vivienda en la CDMX asciende a 600 mil unidades, según datos del Inegi y plataformas especializadas. Aunque el gobierno plantea 200 mil acciones de vivienda, casi la mitad de los habitantes de la ciudad vive rentando o en espacios prestados.
“La gente se enferma pagando renta. El mes parece de 15 días”, resume el diputado, quien insiste en que la única salida sostenible es construir más vivienda y frenar la expulsión.
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