Campesinos de Tlaxcala se unieron al contingente de maquinaria agrícola proveniente de Veracruz y Puebla, que avanza hacia la Ciudad de México para manifestar su rechazo a la nueva Ley de Aguas propuesta por el Gobierno federal. Los productores buscan frenar un dictamen que consideran perjudicial para las actividades agrícolas y el manejo de concesiones.
Los tlaxcaltecas también participaron la semana pasada en los bloqueos carreteros realizados en distintas regiones del país. En esas movilizaciones exigieron al Gobierno federal un pago justo por los productos del campo, así como garantizar que la nueva legislación no afecte su patrimonio ni la operación agrícola.
Avance de la caravana y presencia de maquinaria pesada
La tarde de este martes, los productores hicieron una parada en Tzompantepec, sobre la carretera federal 136 México–Veracruz, donde los campesinos tlaxcaltecas se incorporaron a la movilización. Desde ese punto retomaron su marcha rumbo a la capital del país, donde esperan ser recibidos por autoridades federales.
De acuerdo con los organizadores, la caravana está integrada por aproximadamente 100 tractores, además de camionetas y maquinaria agrícola. Los productores confían en que su presencia en CDMX permita detener o modificar la propuesta de Ley de Aguas antes de su votación en comisiones.
Legisladores advierten riesgos para el campo
En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición pidieron aplazar la discusión de la nueva Ley de Aguas. Advirtieron que el dictamen impulsado por la mayoría oficialista mantiene riesgos para los productores, elimina certidumbre en las concesiones y fue elaborado “a parches” sin escuchar al sector rural.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, señaló que el proyecto aún no responde a las preocupaciones de quienes dependen del recurso hídrico para subsistir. Alertó que varios artículos podrían despojar del patrimonio a miles de agricultores, pues en muchas regiones el valor de la tierra depende del acceso al agua.
Desde el PAN, la vicecoordinadora Noemí Luna calificó la reforma como “nociva”, al acumular más de 90 modificaciones y al centralizar el manejo del agua en la Federación. La bancada acusó que el dictamen elimina seguridad jurídica al campo y afecta directamente a las actividades primarias, consideradas esenciales para la economía del país.
Con información de Excélsior
*BC
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