El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 36 Bis de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, con la que los maestros que presencien casos de bullying y no los denuncien podrán enfrentar graves consecuencias legales, incluyendo procesos judiciales y hasta varios años de cárcel.

La medida busca garantizar entornos educativos seguros, mejorar el aprendizaje de los estudiantes y proteger la salud mental de los menores, además de brindar mayor tranquilidad a padres de familia.

Responsabilidad legal de los docentes

La reforma establece que los docentes y autoridades escolares que, siendo testigos de acoso escolar, no lo reporten, podrán ser investigados por delito de encubrimiento, conforme al artículo 409 del Código Penal de Nuevo León.

La diputada Perla Villarreal (PRD) explicó en tribuna que se impulsará la capacitación a maestros para identificar y atender correctamente los casos de violencia escolar, ya que son la primera autoridad en las aulas y responsables de asegurar un ambiente sano para los alumnos.

Impacto del bullying en los estudiantes

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño, el bullying afecta:

• La salud mental de los menores.

• Su sentido de pertenencia en la comunidad escolar.

• El rendimiento académico y su desarrollo integral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también ha reconocido el bullying como una violación grave a la dignidad y al derecho a la educación de la niñez.

Castigos más severos y prevención

Con esta modificación, los legisladores buscan fortalecer las medidas de prevención en las escuelas y fijar castigos ejemplares contra los maestros o autoridades que omitan denunciar un caso de acoso escolar.

La diputada Villarreal recalcó que la reforma no solo sanciona la omisión, sino que también busca prevenir la violencia escolar a través de protocolos claros y capacitación continua.

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