CIUDAD DE MÉXICO.– La activista independiente Gemima Hernández lleva más de mes y medio protestando frente a Palacio Nacional, en exigencia de justicia por la extorsión sistemática y la violencia que, asegura, sufren las comunidades de Puerto San Carlos y Guerrero Negro, en Baja California Sur, con la complicidad de autoridades locales.
Durante este periodo, la activista ha sido víctima de múltiples agresiones: secuestraron a su hijo, quemaron su casa y sufrió tres atentados contra su vida. Asegura que mantiene escondidos a dos de sus hijos menores de edad para protegerlos de nuevas represalias.
“El cobro de piso en mi estado ocurre en colusión con autoridades. Por eso me vine a denunciar a la Ciudad de México”, acusó.
Exige vigilancia federal y protección para las familias desplazadas
Hernández pide directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum enviar vigilancia permanente a Puerto San Carlos (Comondú) y Guerrero Negro (Mulegé). Afirma que en esas comunidades, grupos armados han obligado a familias a abandonar sus hogares mediante ataques violentos, como el ocurrido en una planta pesquera, y hasta ahora no han recibido protección estatal.
“Entraron más de 30 personas armadas. Dispararon. Sacaron a las familias de sus casas y nadie las protege”, declaró.
Protesta pacífica, crisis de salud y silencio institucional
La activista ha instalado un bloqueo en la calle Corregidora, una de las salidas hacia Palacio Nacional, por donde transitan funcionarios y visitantes de la presidencia. Relató que ya ha logrado ver en cuatro ocasiones a la presidenta, aunque su salud se ha deteriorado por la falta de insulina, provocando una crisis reciente durante su protesta.
Afirma que pese a su visibilidad, no ha recibido una respuesta clara, más allá de una atención médica limitada. Reprocha que las denuncias interpuestas no tengan seguimiento y que, incluso, algunas carpetas estén siendo enterradas deliberadamente por las autoridades estatales.
Autoridades involucradas y cambios que generan sospechas
Hernández acusa directamente al procurador estatal Antonio López Rodríguez y al exfiscal de alto impacto Bernardo Soriano, quien, según la activista, fue removido de su cargo tras denunciar detenciones relacionadas con extorsión y dar resultados visibles.
“Lo quitaron porque dio resultados. Hizo una rueda de prensa, detuvo a criminales. Fue cuando me quemaron la casa y lo removieron”.
También denuncia la remoción del capitán Reyes, quien patrullaba la zona de Comondú, justo en el periodo más violento. Considera que las autoridades desarticulan a quienes combaten el cobro de piso, dejando a la población indefensa.
Recuperó a su hijo, pero teme por su vida
La activista logró recuperar a su hijo con vida luego de amenazar con trasladarse a la Ciudad de México para hacer públicas las irregularidades en su estado. Atribuye esta acción directamente a la presión ejercida sobre las autoridades.
“Grité al procurador que si no me devolvían a mi hijo con vida, exhibiría todo. Y me lo trajeron. Pero me lo trajo el mismo gobierno, lo que demuestra su colusión”.
Ahora, teme que el presunto secuestrador detenido sea liberado, ante presiones dentro del sistema de justicia local.
"Pedimos justicia inmediata para Baja California Sur"
Gemima Hernández exige que las carpetas de investigación que contienen pruebas de corrupción y colusión de funcionarios sean expuestas y judicializadas. Reitera que su demanda no es solo personal, sino en representación de las familias desplazadas y violentadas por la delincuencia organizada con la permisividad del gobierno local.
“Pido justicia. Que no desaparezcan las carpetas. Que regrese la seguridad. Solo queremos vivir en paz”.
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