La difusión en redes sociales de imágenes que muestran una supuesta boda infantil en la comunidad indígena de San Pedro Cuitlapan, en el municipio de Tlacochistlahuaca, Guerrero, ha generado una fuerte polémica nacional. En las fotografías se observa a dos menores, presuntamente de 12 años, participando en una celebración con rasgos de ceremonia nupcial.
La reacción pública fue inmediata, ante lo que se interpretó como un matrimonio infantil en pleno 2025. Sin embargo, autoridades estatales desmintieron que se tratara de una unión legal o formal.
Registro Civil de Guerrero niega la legalidad del supuesto matrimonio
Roberto Barreto Bohórquez, titular de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil de Guerrero, aclaró que no existe registro oficial ni participación de ningún funcionario público en dicho evento.
“Fue una fiesta organizada por las familias, no hubo matrimonio civil ni religioso con validez legal”, afirmó Barreto. En caso de que se hubiera celebrado una boda entre menores, explicó que habría sanciones inmediatas, incluida la destitución del oficial del registro civil involucrado y la anulación del acto.
“No tenemos conocimiento de ninguna boda celebrada de forma oficial en esa comunidad. Nadie del Registro Civil participó en el evento”, recalcó el funcionario.
Matrimonio infantil está prohibido en Guerrero desde reforma legal
El gobierno estatal recordó que el matrimonio entre menores de edad está prohibido en Guerrero, como resultado de una reforma reciente al Código Civil, promovida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Desde su implementación, los oficiales del Registro Civil tienen la prohibición expresa de registrar cualquier unión en la que alguna de las partes sea menor de edad.
Aunque Barreto reconoció que en algunas comunidades indígenas persisten usos y costumbres que permiten celebraciones simbólicas similares a uniones matrimoniales, dejó claro que carecen de cualquier validez legal en el estado.
Autoridades piden respetar los derechos de la niñez
Diversas organizaciones civiles han aprovechado el caso para exhortar a las autoridades a reforzar la vigilancia en zonas indígenas y garantizar que no se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes en nombre de tradiciones.
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