HIDALGO (apro).– En un hecho que ha conmocionado al estado y al partido en el poder, un juez federal libró órdenes de aprehensión por abuso sexual infantil contra Arturo Williams Trejo Leal, empresario y político vinculado a Morena, así como contra su esposa Eva Medina Trejo, su hermana Ixtshelle Trejo Leal, su cuñado Eduardo Bibiano Badillo Mejía, y la diputada local Alhely Medina, del mismo partido.
Los cinco fueron señalados por dos niñas, víctimas de entre cuatro y ocho años de edad, como presuntos participantes en delitos sexuales cometidos entre el 18 y el 27 de abril de 2022, en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán, según la carpeta de investigación 20-2022-00190, abierta por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
La denuncia fue presentada por Jaqueline Trejo Leal, madre de las menores, el 17 de junio de 2022. Actualmente, tanto ella como sus hijas se encuentran bajo protección en un refugio federal.
Testimonios rendidos por las niñas ante el ministerio público y psicólogas de la Fiscalía General de la República (FGR) refuerzan la narrativa de abusos, incluyendo señalamientos directos contra la legisladora Alhely Medina, quien desde entonces ha estado ausente en recientes sesiones legislativas.
Peritajes contradictorios y señalamientos de manipulación en un caso politizado
El caso ha estado plagado de inconsistencias. Existen peritajes forenses contradictorios: algunos sugieren signos de abuso sexual, mientras otros los descartan. También hay discrepancias en los tiempos y acusaciones cruzadas de manipulación de pruebas entre ambas partes, lo que ha obstaculizado el avance judicial.
El propio Arturo Williams Trejo ha calificado la denuncia como un intento por despojarlo de una herencia familiar, y asegura que enfrenta un entramado político y mediático. Por su parte, la representación legal de las menores, encabezada por Aylén Trejo Leal, acusa al gobierno estatal de brindar protección política al empresario.
La revista Proceso dedicó la portada de su edición mensual al caso, con el título “Hidalgo. Pederastia y política”, donde advierte que, pese a los dictámenes que acreditan el abuso, no se ha determinado jurídicamente la responsabilidad de los agresores. El reportaje también denuncia revictimización y falta de garantías de protección para las menores, en un caso que exhibe fallas estructurales en la procuración de justicia.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la FGR ha iniciado operativos de localización de los implicados en distintos puntos de Hidalgo, en cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
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