En San Luis Potosí comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el interrogatorio de una mujer, identificada como Diana Lauri Mendoza, a manos de presuntos sicarios del Grupo Bravo, célula armada del Cártel del Golfo (CDG).

Según los reportes preliminares, la víctima habría sido informante del Cártel del Noreste (CDN), aunque en el pasado operó como “halcón” para el CDG. Durante la grabación, se observa a la mujer arrodillada, con los ojos vendados y rodeada por hombres armados con indumentaria táctica.

En sus declaraciones, aseguró haberse “alineado” al CDN por amenazas de un comandante de la Guardia Civil Estatal, a quien identificó como Santillán.

Testimonio contra mandos policiacos

La mujer afirmó que fue presionada para colaborar con el Cártel del Noreste bajo la amenaza de ser enviada al penal de La Pila. También denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un mando policiaco.

En el testimonio se señala que posteriormente regresó a Charcas, San Luis Potosí, donde se habría puesto a disposición de altos mandos de la Guardia Civil para operar contra el Cártel del Golfo. Incluso acusó a los comandantes de tener vínculos con el CDN, aunque ninguna autoridad ha confirmado estas versiones.

El poder del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

El Cártel del Golfo, considerado una de las organizaciones criminales más antiguas de México, surgió en la década de los ochenta en Tamaulipas. A lo largo de los años extendió su presencia a entidades como San Luis Potosí, con el objetivo de controlar rutas estratégicas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Actualmente, el CDG sostiene disputas territoriales con el Cártel del Noreste —antiguo brazo de los Zetas— y con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con informes de seguridad del Gobierno de México, su actividad ha sido identificada como uno de los principales detonantes de la violencia en la región.

Disputa criminal e impacto en la entidad

La presencia de cárteles en San Luis Potosí ha derivado en:

• Incremento de enfrentamientos armados en zonas urbanas y rurales.

• Aumento de secuestros y extorsiones atribuidos a grupos criminales.

• Mayor riesgo para comunidades fronterizas con Tamaulipas y Zacatecas, donde las pugnas territoriales son más frecuentes.

Autoridades locales y federales mantienen operativos de vigilancia en la región, aunque especialistas señalan que la capacidad de los cárteles de infiltrar corporaciones policiacas dificulta la estrategia de seguridad.

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