Telecomunicaciones y Radiodifusión I

La semana pasada empezó una polémica sobre un tema fundamental en una democracia: negar la libertad de expresión a través de la censura en medios masivos de comunicación.

Luego de que Estados Unidos pagara una millonaria campaña en televisoras mexicanas contra la migración a su país, que se consideró racista, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa al Senado, que en unas horas aprobó en comisiones el dictamen.

De inmediato se desataron las críticas de organismos y la presidenta mexicana hizo el viernes pasado un llamado al Congreso de la Unión para corregir su iniciativa para una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de que ésta no sea interpretada como un mecanismo de censura luego del señalamiento de diversos organismos.

Sugirió una nueva redacción o que, incluso, se elimine el artículo que tiene que ver con el bloqueo de plataformas digitales, además de llevar la aprobación de la legislación a un período extraordinario para que la iniciativa se discuta con expertos.

“Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento, a la oposición ni a nadie, de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera; siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse”, dijo la mandataria en la mañanera del viernes.

En un detallado y muy completo análisis del Maestro Fernando Thompson, investigador y empresarios de Nuevas Tecnologías y Ciber Seguridad, habla de la propuesta de una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión “que presenta varios artículos cuya redacción podría implicar amenazas o limitaciones a derechos humanos, en especial a la libertad de expresión y al acceso a la información (así como derechos relacionados, como la privacidad)”.

Se examinan artículo por artículo los preceptos potencialmente problemáticos, explicando por qué representan un riesgo, su impacto potencial en la sociedad mexicana, tanto para la ciudadanía como para medios y proveedores digitales, y qué obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos podrían contravenir.

“La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presenta varios artículos cuya redacción podría implicar amenazas o limitaciones a derechos humanos, en especial a la libertad de expresión y al acceso a la información (así como derechos relacionados, como la privacidad). A continuación, se examinan artículo por artículo aquellos preceptos potencialmente problemáticos, explicando por qué representan un riesgo, su impacto potencial en la sociedad mexicana (tanto para la ciudadanía como para medios y proveedores digitales) y qué obligaciones internacionales en materia de derechos humanos podrían contravenir”.

¿Por qué es una amenaza o limitación? El Transitorio Sexto del Decreto establece la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo, transfiriendo sus funciones a una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bajo el Poder Ejecutivo.

“Esto supone que la regulación de medios y telecomunicaciones deja de estar en manos de un ente independiente para concentrarse en el gobierno federal. La ausencia de independencia crea el riesgo de injerencias políticas en decisiones regulatorias (como asignación de concesiones, sanciones o supervisión de contenidos).

“Un regulador dependiente del Ejecutivo podría usarse para premiar o castigar medios según su línea editorial, afectando la pluralidad y generando censura indirecta. Por ejemplo, podría negar concesiones a voces críticas u ordenar sanciones discrecionales, lo cual atenta contra la libre expresión. Impacto potencial en la sociedad: La concentración del poder regulatorio en el gobierno puede traducirse en un menor pluralismo mediático y en autocensura. Los medios sabiendo que el Ejecutivo controla las licencias y puede sancionarlos, podrían moderar sus contenidos críticos para evitar represalias”.

Asimismo, la confianza ciudadana en que las decisiones sobre telecomunicaciones (p.ej. apertura de nuevas estaciones de radio/TV, tarifas, competencia) sean imparciales podría verse mermada”. Como se puede advertir el escenario debilita el derecho de los mexicanos a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin interferencias indebidas.

También los proveedores digitales podrían enfrentar regulaciones arbitrarias. Se abre la puerta a un control gubernamental de facto sobre las comunicaciones, afectando tanto a usuarios, que reciben menos información diversa, como a empresas, que pueden ser sujetas a decisiones discrecionales.

“Instrumentos internacionales vulnerados: La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 13) prohíbe las restricciones indirectas a la libertad de expresión, tales como el control gubernamental de medios o frecuencias que se emplee para impedir la comunicación. Al eliminar la autonomía del regulador, se facilita justamente ese control indirecto, potencialmente violando el Artículo 13 de la Convención. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 19) protege el derecho a la libre expresión; aunque no exige explícitamente un ente autónomo, la independencia en la regulación es reconocida como mejor práctica para garantizar ese derecho sin influencias políticas.

“La Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19) también consagra la libertad de expresión; cualquier estructura de poder que pueda menoscabarla arbitrariamente contraviene su espíritu. Organismos internacionales (como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA) han enfatizado que los Estados deben contar con marcos regulatorios neutrales e independientes en radiodifusión para asegurar el pluralismo y evitar censura indirecta, principio que se vería comprometido con la absorción del IFT por el Ejecutivo”.

Las críticas contra la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no son vanas y por ello la respuesta inmediata de la presidenta Sheinbaum, quien no aceptará por ningún motivo, ni siquiera de sus compañeros de Morena en el Congreso, que se tilde a su gestión de atacar la libertad de expresión y censurar a los mexicanos.

Mujer congruente y de izquierda, ellos siempre lucharon por defender la libertad de expresión, derecho fundamental que hoy le permite a la 4T gobernar el País. Por eso el Senado tuvo que cancelar la aprobación que había programado para discutir este lunes a las 15 horas.

Se abrirá una amplia consulta para discutir la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y como hay tema, mañana continuaremos con el estudio que elaboró Fernando Thompson.

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*ARD