Candidatos, al polígrafo
¿Quiere usted ser candidato a alcalde o gobernador?
Imagine que el presidente de su partido le dijera que si quiere ir como finalista hacia la candidatura, usted se pague una sesión de poligrafía en una entidad certificada y una investigación para identificar niveles de riesgo. Después, si aprueba, ya presentará esas sonseras de la plataforma política, los 100 días de gobierno y el ideario partidista.
Seguramente se preguntará a qué me refiero con esta propuesta. Pues, el desastre hecho proceso electoral de Marcos Valencia en Venustiano Carranza y Juan Lira en Chignahuapan, trae una lección a aprender: ambos candidatos han sido mártires y demonios de un sistema de selección de candidatos que poco o nada tiene de aseado.
Si los aludidos son inocentes de cuanto se les ha espetado o son culpables de toda clase de conductas siniestras, una prueba de poligrafía y un análisis de riesgo podrían haber ayudado desde un principio a probar si Tirios o Troyanos tenían razón.
En ese tenor, si los señores Lira y Valencia se hubieran aplicado una prueba independiente de poligrafía y un estudio de riesgo por un ente especializado, nada de esto hubiera ocurrido, habida cuenta que la verdad estaría ahí, frente a ellos y en esa tesitura habrían tomado sus decisiones y ya se vería si tenía sentido que las masas los ovacionaran o no.
No deja de hacerme gracia que un frustrado alcalde metido a candidato a gobernador, en el primer semestre de 2024, soltaba a la menor provocación que ya había entregado su 3 de 3 como requisito para la justa electoral. Revisando esos papasales, si estos documentos fueran verdaderos, su vida sería más aseada que una guardería.
Pero consultando mis archivos fotográficos, veo unas imágenes en las que aparece sonriente en compañía de su esposa y una pareja que se dedica a lavar dinero del Cártel del Noreste, lo que me da la impresión que la 3 de 3 suena a tomadura de pelo en escala cósmica. Eso sí, una engañifa muy católica.
A los policías de crucero les piden un rosario de exámenes para trabajar de sol a sol y los condenan a las llamas del despido si no tienen sus papeles en regla. En esas condiciones, no encuentro sentido en que los máximos gobernantes de un estado y sus municipios simulen estar occisos cuando se les invita a platicar un rato con el poligrafista.
Pero no estoy hablando del poligrafista de confianza, el del C3 estatal. Tampoco hablo del de la Fiscalía General de la República, sino de los que están certificados por el FBI y que trabajan para un tumulto de corporativos en México.
Me refiero a esos poligrafistas que ponen a sudar al más curtido, por la elemental razón de que no aspiran a obtener un cargo público, sino a mantener su prestigio y sus certificaciones en los Estados Unidos, ganadas a pulso tras poner contra las cuerdas a un sinnúmero de candidatos a directores y vicepresidentes de bancos, casas de bolsas y otras organizaciones en las que se juegan cientos de miles de millones de pesos.
Esa clase de poligrafista no se deja intimidar porque el evaluado es candidato a gobernador o alcalde y sonreirá si le amenazan, diciendo que el personaje que tiene enfrente fue amigo de Omar García Harfuch en la escuela primaria o que intercambiaba tortas con el director de CNI cuando cursaron la secundaria. Esos son poligrafistas, no Godínez con uniforme.
Las preguntas básicas
Por lo que se refiere a la evaluación de riesgo para candidatos a alcaldes y gobernadores, al menos debería contener temas como los que propongo a continuación.
El candidato, su familia en primer grado o colaboradores directos:
- ¿Han desempeñado actividad criminal de alto impacto?
- ¿Poseen conexiones con personas físicas o morales que lavan dinero?
- ¿Han recibido beneficios económicos de una organización criminal?
- ¿Tienen propiedades vinculadas a actividades criminales?
- ¿Son familia en primer grado de uno o varios operadores delictivos?
- ¿Han sido investigados por una o más de las quince agencias estadounidenses?
- ¿Han estado involucrados en homicidios y/o feminicidios?
- ¿Se encuentran inscritos en la Lista OFAC?
- ¿Fueron investigados por la Fiscalía General de la República?
Y si trabajaron como alcaldes o funcionarios municipales, previamente:
- ¿Se dio persecución de periodistas y organismos de derechos humanos, durante su gestión?
- ¿Se dio desplazamiento forzoso de población, cuando desempeñaron su labor pública?
- ¿Incrementó la incidencia en uno o varios delitos de alto impacto durante su actividad pública?
Estos puntos deberán ser considerados de riesgo en caso de que la investigación arrojara positivo a uno o más de ellos, estableciéndose como “No recomendable” para ser candidato.
Y la lista de los resultados de dicho análisis deberá manejarse en dos clases: la versión pública, que llanamente se señalara como “No recomendable” sin mencionar causas y la versión privada, que se manejara al interior del partido político y la entidad evaluadora.
La combinación de esta clase de exámenes poligráficos y evaluaciones de perfil las debería de pagar el candidato. Si reprueba, es su riesgo y si aprueba, que su partido le reponga el numerario gastado.
Los que no estarían de acuerdo
Cabe señalar que ahora mismo hay una confederación de funcionarios públicos que llegaron por elección popular a un cargo y que si se les hubiera aplicado esta clase de exámenes, habrían reprobado estruendosamente pero hasta ahí, sin que llegara la sangre al río con su pasado criminal enlodando su gestión pública.
Los partidos morralla se quedarían sin candidatos y los partidos grandes pensarían cien veces a quien le venden la candidatura. Digo lo de vender porque esas nominaciones no llegan por acuerdos transparentes y fulgurantes en una república que ha hecho de la hez, la configuración esencial de la política.
Sentar al polígrafo a candidatos a gobernador y alcalde, es lo mejor para el país, los estados, los municipios. Y para aquellos que son delincuentes agazapados tras un membrete político, les serviría como dique, ahora que está de moda enviar a la esposa, la tía o a la hija como candidata y seguir delinquiendo, ahora bajo el manto de un cargo público.
Queda la propuesta.
*BC
