El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia de los que se le acusa en el caso Ayotzinapa.
La suspensión provisional es para el efecto de que el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, suspenda el procedimiento en lo que corresponde al extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), una vez cerrada la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la resolución del juicio de amparo.
La juez que le otorgó la medida cautelar dio un plazo de 48 horas para que las autoridades responsables rindan su informe y programó la audiencia incidental para el 28 de septiembre, fecha en la que resolverá si le otorga al exgobernador de Hidalgo la suspensión definitiva.
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Además, la juzgadora admitió a trámite el juicio de amparo que interpuso el extitular de la PGR contra la resolución del 20 de agosto con la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Abarca y esposa a la cárcel
Luego de que la semana pasada les cumplimentaran nuevas órdenes de aprehensión, un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
De igual forma, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, procesó al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
De acuerdo con las investigaciones, Abarca Velázquez y Pineda Villa fueron acusados por el testigo protegido con nombre clave “Juan”, identificado como el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien aseguró que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda brindaron protección a esa organización criminal.
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Para imputar a Abarca y a Pineda Villa, Fiscalía General de la República (FGR) también utilizó como datos de prueba los testimonios de la testigo colaboradora con nombre clave “Karla”, mientras que contra Felipe Flores, han declarado alrededor de 20 testigos en el sentido de que el exfuncionario también otorgaba protección a Guerreros Unidos.
*IR