Dicen que, en términos de poder, los huecos se cubren casi de inmediato.
Y los temas recientes de Puebla lo confirman, tanto como los que se han dado cita en distintas partes del país.
En Chihuahua, los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas que, sin deberla ni temerla, se vieron inmersos en una agresión, al intentar salvar la vida de un guía de turistas que era perseguido por un barón territorial fuera de sí.
En Jalisco, un alto jerarca de la Iglesia Católica exhibe la forma en que distintos grupos de la delincuencia organizada cobran piso a las festividades patronales que, más allá de las cifras, señalan una avalancha de extorsiones.
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En la Ciudad de México, el asesinato de una joven mujer a manos de su anciano marido, al interior de un restaurante. Y encima, con la posibilidad de que el feminicida termine en prisión domiciliaria, más por sus conexiones políticas que por motivos de su edad.
En Yucatán, se mueven las aguas en la frontera con Quintana Roo, en el marco de la desaparición de un grupo de trabajadores que, al parecer, vieron lo que no debían ver o fueron confundidos con integrantes de una célula delictiva contraria a la dueña de “la plaza”.
En Tlaxcala, aunque no a los niveles de otras entidades federativas, comienzan a darse asesinatos selectivos, incremento de actividades criminales y amenazas contra particulares, que son inéditas para la vida en paz de esa entidad.
En Veracruz y Zacatecas se dan cita desafíos a la autoridad, sabedores los criminales que la instrucción es no perseguirlos ni enfrentarlos, sino dejarlos a su aire.
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Por supuesto, el caso de los disparos en un centro de vacunación contra Covid en la ciudad de Puebla, es preocupante, independientemente de los grupos criminales que están involucrados en un hecho en el que dos menores de edad fueron heridos.
¿Qué sigue? ¿Quién sigue?
Son las preguntas que los mexicanos nos hacemos, lo mismo en la frontera con Estados Unidos que en Yucatán, pero también en zonas agrestes de Guerrero, las tierras de Nayarit o la planicie del centro de la República.
El indicador de los cien homicidios al día, que se registraron en mayo pasado, se mantiene sin posibilidad de que baje drásticamente en el corto plazo.
Y las extorsiones, entendidas como cobro de piso, aumentan alarmantemente.
Qué caro está pagando el país entero, la implementación de una estrategia equivocada, creyendo que los delincuentes dejarían de serlo porque no se sienten perseguidos.
Todo lo contrario: por saberse no perseguidos, están inmersos en un festín inaudito.
La realidad es que el desastre se mueve sin control.
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Es hora de escuchar y rectificar, proponen analistas y líderes sociales, si es que acaso queda un ápice de conciencia.
De las anécdotas que se cuentan
Callar y obedecer, sólo así se entiende la disciplina en el PRI.
Presidente y secretaria general del estatal, los diputados Néstor Camarillo e Isabel Merlo respectivamente, anunciaron como propias dos iniciativas radicales de ley de su dirigente nacional, Alito Moreno que no van a pasar y son rechazadas hasta por sus aliados, por ser excesivas y empeorar la situación.
Una es para que elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Marina, y Ejercito porten en sus hogares sus armas de fuego, y la segunda para que ciudadanos tengan acceso a armas de alto calibre, para defender a sus familias de la delincuencia.
Saben los priistas que no tienen los votos para aprobar una ley y menos una reforma constitucional por más despropósitos que presenten.
La instrucción de dar la cara por Alito, fue del mismo campechano y no les quedó más que callar y obedecer.
La orfandad pesa.
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*ARD