En un artículo publicado hoy en el diario The Wall Street Journal, la columnista Mary Anastasia O'Grady señaló que cuando AMLO “se pronunció por encima de la Constitución, la semana pasada, para algunos se sintió como el principio del fin de la democracia mexicana”.
Dado que, consideró, probablemente la Suprema Corte echará abajo el decreto, la acción del gobierno mexicano “es un acto de desesperación, más que de fortaleza”.
Ya de por sí, señala O'Grady en su artículo titulado “López Obrador Courts the Mexican Military” (López Obrador corteja al ejército mexicano), los seguidores del presidente mexicano se quejaban de “los obstáculos a su intento de hacerse con el mercado de la electricidad y decían a sus compañeros que debían estar preparados para salir a la calle”. Si el máximo tribunal falla contra el decreto sobre los megaproyectos, eso “servirá para enardecer aún más a sus bases”.
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Bajo el decreto, recuerda la columnista, las obras públicas “asociadas a la infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, frontera, hidráulica, agua, medio ambiente, turismo, salud, ferrocarriles... puertos [y] aeropuertos” son materia de seguridad nacional. También lo son los proyectos de infraestructura que, por su “finalidad, características, naturaleza, complejidad y magnitud, sean considerados prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. Es decir, señala O'Grady, que “lo que se incluye es lo que el presidente decide que se incluya”. Una vez que un proyecto se considera necesario para la seguridad nacional, se permiten los contratos sin necesidad de licitación, y sus términos pueden mantenerse bajo reserva.
“Desde que asumió el cargo, López Obrador ha acercado a los militares, dándoles contratos para construir proyectos favoritos y ampliando sus oportunidades de ganar dinero”, explica el artículo: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros, que podrían beneficiarse con el decreto.
El argumento presidencial, detalla la columnista, es que busca “agilizar la burocracia y eliminar los requerimientos judiciales que se interponen en su visión de México, como la construcción del Tren Maya. Piensen en ello como una desregulación sólo para proyectos gubernamentales, lo cual no es desregulación en absoluto”.
O'Grady considera que la Cuarta Transformación a la que apuesta López Obrador es una visión de México que se asemeja más a lo que era el país en la década de los 70, “cuando el Ejecutivo encabezaba una dictadura suave. México necesita esto, razona AMLO, porque sólo un líder moralmente superior como él puede traer verdadera justicia”. Sin embargo, acota, “aun si este presidente es tan puro como asegura ser, la historia no está de su lado”.
La articulista detalla que en las encuestas internacionales, México ha sido considerado desde hace mucho tiempo como uno de los países más corruptos del mundo y que la práctica da “dar una mordida” para lograr que las cosas se hagan floreció durante los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Para superar este problema, dice, los liberales clásicos han optado por crear instituciones, un esfuerzo que califica de “parcialmente exitoso”.
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Sin embargo, añade, “el verdadero problema de López Obrador es que si bien sigue siendo popular, el país está lleno de intereses que no siempre comparten los puntos de vista de él, desde las comunidades mayas que se oponen a que el tren pase por sus tierras los inversionistas del sector de la energía con contratos firmados”. En una democracia liberal, subraya, “incluso los intereses minoritarios retienen sus derechos a la propiedad y contratos y acceso a las cortes”.
En otras palabras, concluye, AMLO “está chocando de frente con el pluralismo, donde los límites al poder Ejecutivo, impuestos legalmente por el Congreso y los tribunales, amenazan con frenar su agenda en la segunda mitad de su mandato. Si sus partidarios responden con la confrontación física, o con lo que llaman 'democracia participativa', más vale que los mexicanos se abrochen los cinturones de seguridad”.
*MG