En la primera mesa de diálogo convocada por el Congreso capitalino para analizar la iniciativa de ley de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles, y de la reforma al Código Civil en materia de arrendamiento, Muñoz llamó a no traer al debate fantasmas del pasado, como el del congelamiento de rentas, ni falsas narrativas como el del ataque a la propiedad privada.
El titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, pidió a su vez poner en el centro del debate a las familias que están en riesgo de ser expulsadas de la ciudad debido al alto costo de las rentas y que resultan impagables.
Legisladores de Morena expresaron su respaldo a la iniciativa que entregó al Legislativo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mientras el PAN ratificó su rechazo.
El titular de vivienda explicó que la iniciativa garantiza que la reforma al Código Civil aprobada en 2024, la cual establece que la renta no puede incrementarse por encima de la inflación, y que ya fue considerada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuente con mecanismos para hacer que se cumpla.
A formalizar contratos
Al responder a las críticas de la oposición, como de que la creación de un registro de contratos alentará un mercado negro, refirió que más de 50 por ciento de los convenios de arrendamiento que se efectúan están en la informalidad y, por el contrario, avanza hacia la formalización de las relaciones inquilinarias.
Al reclamo de que en lugar de regular las rentas se requiere aumentar la oferta de vivienda asequible, sostuvo que el gobierno de la ciudad cumple su parte con la construcción de 80 mil en este sexenio, la más alta desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 20 mil para arrendamiento.
Sin embargo, criticó al sector privado, que aun con los múltiples incentivos y facilidades administrativas y fiscales, “no hay resultados en una mayor producción de vivienda asequible privada, sino en más producción de privada impagable”, en la que la más barata, de 40 metros cuadrados, cuesta de 3 a 3.5 millones de pesos, “eso no lo puede pagar 95 por ciento de la población”.
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