El Gobierno federal presentó los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, una propuesta derivada de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que plantea nuevas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión en México. La iniciativa fue dada a conocer por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, y de inmediato provocó un intenso debate entre especialistas, organizaciones civiles, empresarios del sector y representantes de la oposición.
De acuerdo con la propuesta, los medios electrónicos deberán garantizar que la información difundida no sea falsa, descontextualizada o presentada de manera engañosa. Asimismo, estarán obligados a identificar claramente cuándo un contenido corresponde a una noticia, una opinión o un espacio publicitario.
Las nuevas disposiciones también contemplan que cada concesionario cuente con un código de ética y designe una persona responsable como defensora o defensor de las audiencias, figura que deberá atender las quejas relacionadas con el cumplimiento de los derechos informativos de la ciudadanía.
Consulta pública estará abierta hasta el 21 de agosto
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los lineamientos fueron sometidos a una consulta pública que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, organizaciones y especialistas podrán emitir observaciones antes de la publicación de la versión definitiva.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la regulación actual únicamente contempla a los concesionarios de radio y televisión, aunque reconoció que la eventual inclusión de otros medios permanece como un tema sujeto al debate público.
"La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no; las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad", declaró Sheinbaum.
Estas declaraciones generaron nuevas interrogantes debido a que, aunque actualmente periódicos, revistas y plataformas digitales no forman parte de los lineamientos, la propia Presidenta dejó abierta la posibilidad de discutir una futura regulación.
Crecen las críticas por posibles restricciones a la libertad de expresión
Tras hacerse pública la propuesta, diversos sectores expresaron preocupación por considerar que las medidas podrían derivar en mecanismos de control sobre los contenidos periodísticos.
Uno de los principales cuestionamientos es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tendría facultades para imponer sanciones económicas a quienes incumplan las disposiciones, particularmente en temas relacionados con la veracidad de la información o la falta de los mecanismos internos exigidos.
El senador del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, calificó la iniciativa como un riesgo para los contrapesos democráticos.
Según el legislador, este tipo de regulaciones suelen comenzar con argumentos relacionados con la protección de derechos, pero posteriormente pueden convertirse en herramientas para concentrar el poder y limitar la crítica hacia los gobiernos.
CIRT y Artículo 19 piden revisar la propuesta
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó que existen aspectos del proyecto que requieren mayor precisión jurídica para evitar afectaciones a la libertad de expresión y a la certeza legal de los concesionarios.
En un comunicado sostuvo que los derechos de las audiencias deben protegerse sin establecer sanciones que pudieran exceder lo previsto por la legislación vigente.
Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señaló que el Estado no puede convertirse en el árbitro que determine qué información es verdadera o falsa.
El especialista añadió que cualquier intento de extender una regulación hacia las redes sociales requeriría un amplio consenso nacional e internacional debido a la complejidad jurídica que implica el funcionamiento de las plataformas digitales.
Debate continuará durante la consulta pública
La consulta pública representa el primer paso para definir el contenido definitivo de los lineamientos, pero el tema ya abrió un amplio debate nacional sobre el equilibrio entre la protección de las audiencias y la defensa de la libertad de prensa.
Mientras el Gobierno sostiene que la propuesta busca fortalecer el derecho ciudadano a recibir información de calidad, organizaciones civiles, medios de comunicación y especialistas consideran indispensable revisar diversos puntos para evitar que las nuevas reglas puedan utilizarse como instrumentos de censura o presión contra el ejercicio periodístico.
*BC
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