El Congreso de Nuevo León dio un paso clave en el proceso contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego de que la Comisión Anticorrupción aprobara iniciar un juicio político por presunta triangulación de recursos públicos hacia empresas vinculadas con su entorno familiar.
La decisión abre un nuevo capítulo en la crisis política del estado, en medio de señalamientos que involucran montos millonarios y posibles operaciones financieras irregulares.
Congreso de Nuevo León activa proceso contra el gobernador
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó dar trámite al juicio político contra Samuel García, tras una solicitud promovida por legisladores de Morena desde el pasado 8 de junio.
Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la votación mayoritaria permitió que el procedimiento avanzara sin contratiempos.
Como parte del proceso:
- El mandatario estatal será notificado formalmente
- Tendrá derecho a responder por escrito o de manera presencial
- Contará con 15 días hábiles para rendir su declaración
Este mecanismo forma parte de las herramientas constitucionales para investigar posibles responsabilidades administrativas graves en funcionarios públicos.
Señalan presunto desvío millonario de recursos públicos
Las acusaciones contra el gobernador de Nuevo León derivan de una investigación difundida en abril, donde se apunta a un esquema de desvío de recursos públicos superior a mil millones de pesos.
De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República mantiene indagatorias sobre una presunta red de triangulación financiera que habría beneficiado directamente a familiares del mandatario.
El esquema señalado operaría de la siguiente manera:
- Uso de recursos públicos provenientes de proyectos gubernamentales
- Transferencias a despachos jurídicos vinculados con la familia del gobernador
- Redistribución del dinero a empresas privadas
- Envío de fondos a cuentas en el extranjero para dificultar su rastreo
Uno de los principales focos de la investigación es el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, donde participan familiares directos de Samuel García.
Empresas y transferencias bajo sospecha
Según las indagatorias, los recursos habrían sido canalizados hacia diversas compañías, entre ellas “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, señalada como uno de los principales receptores del dinero.
Posteriormente, los fondos habrían sido enviados a distintas jurisdicciones internacionales, incluyendo cuentas en Estados Unidos, lo que apunta a un posible intento de ocultar el origen público del capital.
Este tipo de operaciones podría configurar delitos relacionados con:
- Lavado de dinero
- Uso indebido de recursos públicos
- Enriquecimiento ilícito
Sin embargo, las autoridades federales continúan integrando las pruebas correspondientes para determinar responsabilidades.
Samuel García rechaza acusaciones y habla de “refrito”
Tras la difusión de los señalamientos, Samuel García Sepúlveda negó categóricamente las acusaciones y calificó el caso como un “refrito” mediático.
El gobernador aseguró que la Fiscalía estatal ya había investigado previamente los hechos y concluyó con una resolución de no ejercicio de la acción penal.
En sus declaraciones públicas sostuvo:
- Que no existen irregularidades comprobadas
- Que las acusaciones carecen de sustento
- Que el caso ya fue cerrado por autoridades locales
“Después de analizar las pruebas, se determinó que no existe irregularidad”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Implicaciones políticas del juicio político
El avance del juicio político contra Samuel García podría tener consecuencias relevantes en el escenario político de Nuevo León.
Entre los posibles efectos destacan:
- Mayor tensión entre el Ejecutivo estatal y el Congreso
- Impacto en la gobernabilidad y agenda pública
- Repercusiones en el panorama electoral rumbo a futuros comicios
Aunque el proceso apenas inicia, su desarrollo será clave para definir si existen responsabilidades formales o si las acusaciones quedan sin sustento legal.
Corrupción y rendición de cuentas
El caso se suma a una serie de investigaciones en México relacionadas con el uso indebido de recursos públicos, un tema que continúa en el centro del debate nacional.
La exigencia de transparencia y rendición de cuentas ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en casos que involucran a altos funcionarios.
El desarrollo del proceso contra Samuel García será observado de cerca tanto por actores políticos como por la ciudadanía, en un contexto donde la confianza institucional sigue siendo un desafío.
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