Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica obtuvo contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la indagatoria, el entramado empresarial tiene como eje a una compañía que fue constituida en la notaría del hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández y que fue catalogada este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa facturera definitiva.
La investigación también señala que cerca del 80 por ciento de los recursos fueron adjudicados por un área de la Conagua que estuvo encabezada por funcionarios vinculados al actual gobierno federal.
Una empresa de Acapulco se convirtió en contratista millonaria
Uno de los casos documentados por Mexicanos Contra la Corrupción involucra a Jylco Construcciones, una pequeña empresa fundada en Acapulco por Marco Antonio Juárez Altamirano.
Según la investigación, Juárez Altamirano adquirió la compañía en 2008 con una inversión de 245 mil pesos y buscó abrirse camino como contratista gubernamental. Sin embargo, nunca logró consolidarse en ese sector.
La situación tomó un giro inesperado años después. En mayo de 2021, la Conagua otorgó a Jylco Construcciones un contrato por 177 millones de pesos para construir los primeros dos kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio, en Sinaloa.
No obstante, la investigación sostiene que Marco Antonio no firmó dicho contrato. Para entonces, la empresa presuntamente ya estaba bajo control de empresarios tabasqueños que habían tomado el control de la razón social.
La red habría obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos
De acuerdo con los hallazgos de Mexicanos Contra la Corrupción, Jylco Construcciones forma parte de una red de diez compañías que, pese a no contar con experiencia conocida en infraestructura hidráulica, obtuvieron contratos por 2 mil 314 millones de pesos.
La organización señala que estas empresas presentan vínculos corporativos entre sí mediante:
- Accionistas compartidos.
- Administradores únicos.
- Gerentes comunes.
- Comisarios relacionados.
- Participación de los mismos fedatarios en procesos de constitución.
Además, la investigación afirma que las compañías habrían simulado competencia en diversos procedimientos de contratación pública.
Ferroclin U&Q aparece como pieza central del entramado
El reporte identifica a Ferroclin U&Q como el núcleo principal de la red empresarial.
La compañía fue constituida en 2014 en una notaría de Tabasco cuando esta era encabezada por Adán Augusto López Hernández, quien posteriormente se desempeñó como gobernador de esa entidad, secretario de Gobernación y actualmente es senador.
Según la investigación, el SAT incluyó a Ferroclin U&Q en enero de este año dentro de su listado definitivo de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas popularmente como “factureras”.
Pese a ello, la empresa habría recibido contratos por más de 329 millones de pesos de la Conagua entre 2019 y 2023.
Contratos se concentraron en obras prioritarias del Gobierno federal
La investigación señala que los contratos más importantes obtenidos por esta red se asignaron en algunos de los proyectos hidráulicos prioritarios impulsados por la administración federal.
Entre las obras mencionadas destacan:
- La construcción de la presa Santa María, en Sinaloa.
- La ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.
- El desarrollo del distrito de riego vinculado a la presa Picachos, en Sinaloa.
Estos proyectos forman parte de la estrategia federal para fortalecer la infraestructura hídrica y agrícola en distintas regiones del país.
Investigación plantea cuestionamientos sobre los procesos de contratación
El trabajo periodístico de Mexicanos Contra la Corrupción expone interrogantes sobre los mecanismos de asignación de contratos, la supervisión de proveedores y la participación de empresas sin antecedentes reconocidos en el sector hidráulico.
Asimismo, la investigación sostiene que parte de los contratos fueron adjudicados por una unidad administrativa de Conagua que estuvo bajo la dirección de funcionarios con vínculos políticos dentro del gobierno federal.
Hasta el momento, la investigación pone sobre la mesa una serie de elementos documentales que apuntan a posibles irregularidades en los procesos de contratación. Sin embargo, corresponde a las autoridades fiscalizadoras y competentes determinar si existieron responsabilidades administrativas o legales derivadas de estos hechos.
Caso reaviva el debate sobre transparencia y contratación pública
La publicación de esta investigación vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de contratación pública en proyectos de infraestructura estratégica.
Además, abre una discusión sobre los controles existentes para verificar la experiencia técnica de las empresas participantes, la competencia efectiva en licitaciones y la detección oportuna de compañías vinculadas con esquemas de facturación simulada.
Mientras continúan las revisiones y posibles respuestas institucionales, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción aporta nuevos elementos al debate sobre el uso de recursos públicos en grandes obras de infraestructura hidráulica en México.
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