En enero de 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una de las decisiones más polémicas de su gobierno: cerrar ductos de Pemex para frenar el huachicol, sustituyendo el transporte de combustible por una red de autotanques.
La medida buscaba cortar de raíz el robo de hidrocarburos, considerado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, años después, nuevas investigaciones han revelado una paradoja que pone en entredicho esa estrategia.
De acuerdo con el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, del periodista Raúl Olmos, el propio esquema de combate al huachicol habría involucrado a una empresa vinculada con uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México.

I.I.I. Servicios: la pieza clave del plan antihuachicol
Para implementar la nueva estrategia, Pemex recurrió a I.I.I. Servicios SA de CV, una filial creada originalmente para la administración de inmuebles, pero que fue adaptada para operar la logística de transporte de combustible.
Sin experiencia previa en el traslado de hidrocarburos, esta filial:
- Adquirió cerca de 500 pipas
- Asumió créditos millonarios
- Se convirtió en eje del sistema de distribución alterno
Fue en este contexto donde apareció la empresa Grupo Industrial Permart, que terminó recibiendo pagos millonarios por parte de esta filial.

El vínculo con el “Rey del huachicol”
Grupo Industrial Permart fue fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como el “Rey del huachicol” y señalado por autoridades como operador clave en redes de contrabando de combustible.
Los registros fiscales revelan que, en 2021, Permart emitió comprobantes por más de 22 millones de pesos a I.I.I. Servicios, justo en el periodo en que esta empresa operaba el programa de autotanques del gobierno federal.
Este dato resulta particularmente relevante, ya que:
- No existían antecedentes de relación comercial entre ambas empresas
- El vínculo surge en el punto más crítico del combate al huachicol
- Pemex mantiene bajo reserva los contratos relacionados
La situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el control en la ejecución de la estrategia gubernamental.


Contratos ocultos y falta de transparencia en Pemex
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que Pemex no ha hecho públicos los contratos que justifican los pagos a Permart.
La empresa estatal argumenta que I.I.I. Servicios opera bajo un régimen especial de derecho privado, lo que la exime de ciertas obligaciones de transparencia.
Sin embargo, los comprobantes fiscales registrados ante el SAT evidencian con precisión los montos facturados, dejando al descubierto la relación comercial.
Esta falta de claridad ha alimentado sospechas sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.


Permart: una empresa ligada al erario
Lejos de ser una empresa marginal, Permart tuvo una fuerte presencia en contratos públicos.
Entre sus principales clientes se encuentran:
- Servicios de Salud de Tamaulipas
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
En varios casos, los montos contratados alcanzaron decenas de millones de pesos, lo que evidencia que la empresa mantenía una relación constante con el sector público.
Además, sus ingresos crecieron de manera significativa en los años previos al vínculo con I.I.I. Servicios.

Sergio Carmona: operador clave y figura polémica
El papel de Sergio Carmona Angulo resulta central en esta historia.
Además de ser fundador de Permart, los registros muestran que:
- Percibía ingresos como trabajador de su propia empresa
- Recibía dividendos como accionista
- Controlaba la operación de la compañía
En 2021, año en que se concretaron los contratos con la filial de Pemex, Carmona obtuvo sus mayores ingresos.
Ese mismo año, en noviembre, fue asesinado, en un hecho que añadió más incertidumbre al caso.

Red de poder, política y contrabando de combustible
El libro también señala posibles vínculos entre la red del huachicol fiscal y actores políticos cercanos al entorno del poder.
Se menciona que empresas relacionadas con círculos cercanos a la familia presidencial habrían tenido relaciones comerciales con compañías involucradas en el suministro de combustible.
Incluso se documenta que la empresa Ikon Midstream, investigada por contrabando de combustible, aparece dentro de esta red de relaciones comerciales.
Estas conexiones refuerzan la hipótesis de que el fenómeno del huachicol no solo es un problema criminal, sino también político y estructural.

El huachicol fiscal como esquema de gran escala
Más allá del caso específico, la investigación apunta a un modelo más amplio: el huachicol fiscal.
Este esquema consiste en:
- Importar combustibles como si fueran otros productos
- Evadir impuestos mediante clasificación incorrecta
- Utilizar empresas fachada
- Operar redes internacionales de suministro
Se trata de un mecanismo sofisticado que ha permitido a organizaciones criminales obtener ganancias millonarias.
Contradicciones en la política energética
El caso plantea una contradicción profunda en la estrategia del gobierno de AMLO.
Mientras públicamente se impulsaba el combate al huachicol, en la práctica se habrían generado condiciones que permitieron la participación de actores vinculados a este delito.
Esto abre preguntas clave:
- ¿Hubo fallas en los mecanismos de control?
- ¿Se trató de omisiones o de complicidades?
- ¿Qué papel jugaron las empresas intermediarias?
Hasta ahora, muchas de estas interrogantes permanecen sin respuesta.

*BC









