La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT detectaron una de las mayores operaciones de lavado de dinero en México de los últimos años, luego de identificar movimientos financieros por casi 10 mil millones de pesos realizados en menos de tres años.
De acuerdo con investigaciones federales, las operaciones habrían sido ejecutadas mediante empresas señaladas como posibles “factureras”, utilizadas para mover recursos de origen presuntamente ilícito.
El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República y podría convertirse en uno de los expedientes financieros más relevantes de la última década en el país.
Las empresas bajo investigación por lavado de dinero
Las autoridades identificaron a las compañías:
- Optimización Dalga
- Lovies
- OHAT
Estas firmas habrían realizado miles de depósitos y retiros millonarios entre 2016 y 2019, pese a no contar con autorización para operar como entidades financieras o centros cambiarios.
Según la indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas registraron:
- Más de 17 mil depósitos
- Más de 55 mil retiros
- Movimientos por alrededor de 9 mil 631 millones de pesos
Las transferencias fueron realizadas a favor de cientos de personas físicas y morales en distintos estados del país.
SAT detectó operaciones sospechosas y empresas factureras
El Servicio de Administración Tributaria confirmó que algunas de las compañías investigadas fueron catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas popularmente como “factureras”.
Este tipo de empresas suelen ser utilizadas para:
- Simular operaciones comerciales
- Evadir impuestos
- Ocultar recursos ilícitos
- Transferir dinero entre cuentas sin justificación real
Las investigaciones señalan que los movimientos financieros eran demasiado elevados para el perfil fiscal y operativo de las compañías involucradas.
La FGR ya prepara imputaciones por lavado de dinero
Fuentes federales indicaron que la FGR ya judicializó el caso y espera la audiencia correspondiente para imputar a seis personas presuntamente relacionadas con la red financiera.
Entre los nombres que aparecen en las investigaciones destaca Vicente Estrada Viveros, quien figura como accionista o apoderado legal en varias de las empresas señaladas.
Las autoridades también detectaron operaciones en:
- Ciudad de México
- Metepec
- Tlalnepantla
- Xalapa
- Zapopan
El volumen de recursos movilizados colocó el caso dentro de los expedientes más importantes relacionados con operaciones ilícitas y blanqueo de capitales en México.
Uno de los mayores casos de lavado en México
La magnitud del caso llamó la atención debido a que el monto investigado ronda presupuestos completos de dependencias federales.
Reportes periodísticos señalan que los casi 10 mil millones de pesos equivalen a presupuestos anuales similares a los asignados a secretarías federales como Relaciones Exteriores o Gobernación.
Especialistas consideran que el caso refleja cómo las redes de facturación falsa continúan siendo utilizadas para ocultar recursos y evadir controles fiscales.

Qué son las empresas factureras y cómo operan
Las llamadas “factureras” son compañías creadas para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.
Su esquema normalmente funciona de la siguiente manera:
- Emiten facturas falsas
- Simulan servicios o compras
- Justifican transferencias millonarias
- Reducen pago de impuestos
- Dispersan dinero entre múltiples cuentas
En muchos casos, estas redes terminan vinculadas con delitos como:
- Lavado de dinero
- Defraudación fiscal
- Delincuencia organizada
- Corrupción
El SAT ha intensificado en los últimos años las investigaciones contra estas estructuras financieras.
SAT endurece vigilancia financiera en México
El descubrimiento de esta red ocurre en medio de una estrategia federal para fortalecer la fiscalización y combatir operaciones ilícitas relacionadas con evasión fiscal y lavado de dinero.
Recientemente, el SAT informó sobre devoluciones millonarias y un incremento en la vigilancia a grandes contribuyentes, además de reforzar mecanismos de supervisión financiera.
Las autoridades buscan evitar que empresas fantasma y operaciones simuladas continúen siendo utilizadas para mover recursos ilegales.
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