DEA acusa a excomandante de Culiacán de entregar a un informante para su tortura y asesinato por Los Chapitos

La acusación más estremecedora del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la red de protección política de Los Chapitos tiene nombre y apellido: Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, señalado de haber participado directamente en el secuestro, entrega, tortura y asesinato de un informante confidencial de la DEA y varios de sus familiares en octubre de 2023.

Según el expediente judicial presentado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el exmando policial no solo brindó apoyo logístico al cártel, sino que puso a disposición de la organización criminal patrullas, agentes armados, radios oficiales y capacidad de inteligencia para ubicar, detener y entregar a personas consideradas enemigas de la facción criminal.

La gravedad del señalamiento colocó a Juanito como uno de los perfiles más comprometidos dentro de la decena de funcionarios y exfuncionarios mexicanos acusados formalmente por Washington de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Juan Valenzuela Millán habría entregado a Alexander Meza León, colaborador de la DEA

De acuerdo con la acusación estadounidense, en octubre de 2023 Juan Valenzuela Millán ayudó a secuestrar a Alexander Meza León, identificado como fuente confidencial que colaboraba con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos en investigaciones contra líderes de Los Chapitos.

No se trató de una captura aislada.

El documento sostiene que también fueron privados de la libertad varios familiares del informante, quienes posteriormente fueron torturados y asesinados por integrantes del grupo criminal al sospechar que Meza León filtraba información sensible a la DEA.

Entre las víctimas, según la acusación, figuró incluso un menor de apenas 13 años, lo que convirtió el caso en uno de los episodios más brutales atribuidos a la colusión entre corporaciones policiales y narcotráfico en Sinaloa.

Patrullas y policías municipales habrían sido usadas para secuestrar civiles

La imputación del Departamento de Justicia va más allá del caso del informante.

Fiscales estadounidenses afirman que Juanito utilizó de forma sistemática a la Policía Municipal de Culiacán como brazo operativo de Los Chapitos.

Es decir, presuntamente ordenaba a agentes:

• vigilar objetivos,
• detener civiles a punta de pistola,
• subirlos a patrullas oficiales,
• y entregarlos a sicarios del cártel para su ejecución.

Washington sostiene que la corporación municipal ofrecía “asistencia directa” en secuestros y homicidios contra enemigos de la organización criminal.

Este nivel de infiltración confirma uno de los elementos más delicados del expediente: no se trataba solo de policías corruptos cobrando sobornos, sino de una estructura pública operando activamente como aparato de captura y eliminación.

El Nini habría participado en la tortura y asesinato del informante

Dentro del mismo expediente aparece el nombre de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, identificado durante años como jefe de seguridad y operador de máxima confianza de Los Chapitos.

Según la narrativa judicial, una vez entregadas las víctimas por la red policial, integrantes bajo mando de El Nini participaron en los actos de tortura y posterior asesinato.

La inclusión de este personaje no es menor.

Conecta el caso directamente con el núcleo duro del aparato armado de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, lo que refuerza la tesis de que el asesinato del informante no fue una reacción improvisada, sino una represalia coordinada para frenar la colaboración con autoridades estadounidenses.

Juanito cobraba 41 mil dólares mensuales por proteger a Los Chapitos

A cambio de esta protección institucional, el Departamento de Justicia asegura que Juan Valenzuela Millán recibía 41 mil dólares mensuales en sobornos por parte del cártel.

Ese dinero, según la acusación, le garantizaba a Los Chapitos:

• acceso ilimitado a la Policía Municipal,
• disponibilidad de patrullas y radios,
• apoyo de decenas de agentes,
• y control territorial para mover droga y desaparecer adversarios.

La acusación también refiere que parte de esos recursos se distribuían entre otros mandos y elementos policiacos para mantener a la corporación alineada con los intereses criminales.

En otras palabras, Estados Unidos sostiene que la policía de Culiacán funcionó durante años como una extensión pagada del cártel.

El caso exhibe el rostro más crudo de la narcopolítica en Sinaloa

La imputación contra Juanito no aparece aislada, sino dentro del mismo paquete de cargos donde Washington acusa a Rubén Rocha Moya, mandos de seguridad, un senador de Morena y otros funcionarios de haber construido una red de protección a favor del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, el caso del informante de la DEA marca un punto especialmente sensible porque involucra:

• represalia directa contra cooperación con Estados Unidos,
• utilización de policías uniformados,
• tortura de civiles,
• asesinato de familiares,
• y pago institucionalizado por parte del crimen organizado.

Por ello, la acusación dejó de ser solamente una denuncia por narcocorrupción.

Se transformó en una narrativa de terrorismo criminal incrustado dentro de una corporación pública.

Washington endurece la presión por el asesinato del colaborador de la DEA

Dentro de la lógica judicial estadounidense, el homicidio de un informante representa una línea roja.

Esto explica por qué Juan Valenzuela Millán es uno de los acusados con exposición penal más severa del expediente y por qué el Departamento de Justicia elevó el tono en sus solicitudes de captura y eventual extradición.

La lectura en Washington es contundente:

un funcionario mexicano habría utilizado una policía municipal para secuestrar y entregar a un colaborador federal de la DEA a manos de Los Chapitos.

Ese hecho no solo agrava el caso Sinaloa.

También convierte el expediente en una confrontación diplomática y criminal de primer nivel entre ambos países.

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