La crisis política en Sinaloa sumó este sábado un nuevo capítulo de alto voltaje: los abogados del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez iniciaron acercamientos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para gestionar su posible ingreso como testigo cooperante, una figura legal que podría convertirlo en pieza clave dentro de la investigación contra la red política señalada por presuntos nexos con Los Chapitos y con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La revelación detonó especulaciones inmediatas dentro y fuera de Morena, debido a que Inzunza no es un actor menor: fue secretario General de Gobierno de Sinaloa durante el mandato de Rocha Moya y, según la acusación estadounidense, habría fungido como operador de enlace entre la facción criminal y la estructura estatal.
Departamento de Justicia abre la puerta a que Enrique Inzunza sea testigo cooperante
De acuerdo con una fuente del propio Departamento de Justicia citada por medios nacionales, cuando una persona investigada se entrega y ofrece información sustancial puede acceder a la figura de testigo cooperante; además, si existe un riesgo comprobable de represalias, también puede ser incorporada al programa de protección de testigos de Estados Unidos, conocido como WITSEC.
Esto significa que:
Enrique Inzunza estaría negociando beneficios legales a cambio de información útil para fiscales federales estadounidenses.
El dato adquiere enorme relevancia porque el trámite, según la misma fuente, debe realizarse a través de abogados federales con licencia en Estados Unidos, lo que sugiere una gestión jurídica formal y no un simple rumor político.

La acusación de EU coloca a Inzunza como puente entre Los Chapitos y Rubén Rocha
La imputación del Departamento de Justicia es especialmente delicada porque describe a Inzunza como un presunto intermediario entre los líderes de Los Chapitos y Rubén Rocha Moya durante y después de la campaña por la gubernatura de Sinaloa.
Según la narrativa judicial estadounidense:
- Inzunza transmitía mensajes del grupo criminal hacia Rocha Moya;
- participó en reuniones con líderes del cártel;
- ayudó a instalar funcionarios presuntamente corruptos;
- y habría colaborado para que la Policía Estatal quedara bajo influencia favorable a la organización.
La acusación sostiene incluso que el respaldo criminal a la campaña de Rocha Moya tuvo como contraprestación protección institucional y control operativo dentro del aparato estatal.
En términos políticos, esto convierte a Inzunza en un personaje con conocimiento interno de decisiones sensibles, acuerdos de gabinete, nombramientos y presuntas rutas de comunicación entre gobierno y crimen organizado.
Si Inzunza coopera, el golpe podría alcanzar el corazón del rochismo
La eventual colaboración del senador no solo tendría consecuencias personales.
También podría:
- fortalecer expedientes ya abiertos en Nueva York;
- aportar nombres de funcionarios y mandos de seguridad;
- detallar presuntos acuerdos políticos de 2021;
- y comprometer aún más al círculo cercano de Rocha Moya.
Por eso, en la conversación pública nacional ya se interpreta el movimiento como un posible “sálvese quien pueda” dentro del grupo político sinaloense. En redes sociales, usuarios y analistas han comenzado a plantear que la defensa de Inzunza sería el primer desprendimiento importante del bloque morenista investigado por Washington.

Enrique Inzunza rompe el silencio y niega cualquier vínculo criminal
Tras difundirse la versión, Enrique Inzunza Cázarez publicó un extenso posicionamiento en X donde rechazó las imputaciones del gobierno estadounidense y aseguró que toda su carrera ha estado ligada al respeto del Derecho.
El senador sostuvo que:
“rechaza con toda firmeza las calumnias y las imputaciones falsas y dolosas”.
Además, afirmó que no abandonará su cargo y que responderá a cualquier llamado de las autoridades mexicanas dentro del marco constitucional.
En su mensaje, también vinculó las acusaciones con su reciente defensa desde la tribuna del Senado sobre la soberanía nacional frente a operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano, y cerró expresando respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Morena entra en fase de contención mientras crece la presión binacional
El posible viraje judicial de Inzunza ocurre apenas un día después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador y perdiera inmunidad procesal, lo que ya había colocado a Morena en una posición de crisis política severa.
Ahora el escenario escala por una razón adicional:
si uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya decide cooperar con Estados Unidos, la investigación dejaría de depender solo de pruebas documentales y pasaría a nutrirse de testimonios desde dentro del propio sistema político sinaloense.
Ese factor puede modificar de forma drástica:
- la estrategia de defensa del exgobernador,
- la narrativa federal sobre soberanía,
- y la estabilidad del grupo morenista en Sinaloa.
El caso Rocha Moya amenaza con convertirse en una cadena de delaciones
La posibilidad de que Enrique Inzunza busque ser testigo cooperante en Estados Unidos cambia la naturaleza del escándalo.
Ya no se trataría únicamente de acusaciones diplomáticas provenientes del exterior, sino de la posibilidad de que un integrante del círculo de poder involucrado proporcione información, documentos, nombres y cronologías a fiscales estadounidenses.
Por eso, el expediente de Sinaloa comienza a perfilarse como una investigación de efecto dominó.
Y dentro de Morena la pregunta ya no solo es qué ocurrirá con Rocha Moya.
La nueva interrogante es: quién será el siguiente en negociar.
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