La situación jurídica de Rubén Rocha Moya dio un giro este sábado luego de que Arturo Zaldívar afirmara públicamente que el gobernador de Sinaloa con licencia ya no cuenta con inmunidad procesal, es decir, quedó sin el llamado fuero constitucional. La declaración ocurre en medio de la tormenta política desatada por las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico.

La afirmación del exministro de la Suprema Corte elevó aún más la presión sobre el mandatario morenista, pues abre la puerta a que pueda ser investigado o incluso detenido como cualquier ciudadano si las autoridades mexicanas encuentran elementos suficientes.

Arturo Zaldívar asegura que el fuero protege al cargo, no a la persona

A través de su cuenta oficial en X, Arturo Zaldívar desmintió versiones difundidas en algunos medios sobre la supuesta permanencia del fuero para funcionarios que solicitan licencia.

De acuerdo con el funcionario federal:

La inmunidad procesal no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña.

En consecuencia, explicó que cuando un gobernador deja de ejercer formalmente el cargo, aunque sea temporalmente, deja de gozar de esa protección constitucional y puede enfrentar procedimientos penales sin necesidad de una declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados.

Esta precisión jurídica colocó nuevamente a Rubén Rocha Moya sin fuero entre las principales tendencias políticas del país, debido a que el caso ya no solo es un escándalo diplomático con Washington, sino también una eventual ruta judicial dentro de México.

Congreso de Sinaloa aprueba licencia y nombra gobernadora interina

Horas antes de la declaración de Zaldívar, el Congreso local aprobó la solicitud de licencia presentada por Rocha Moya para separarse temporalmente de la gubernatura.

Tras un receso legislativo, los diputados designaron a Yeraldine Bonilla Valverde como mandataria interina de Sinaloa, con el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados. La votación final fue de 33 sufragios a favor, tres en contra y dos abstenciones.

La llegada de Bonilla Valverde ocurre en un contexto extraordinario:

• Estados Unidos mantiene acusaciones directas contra Rocha Moya.
• La Fiscalía General de la República analiza la información enviada desde Washington.
• El gobierno federal enfrenta presión internacional para actuar.
• Morena intenta contener el desgaste político en una de sus plazas estratégicas.

Las acusaciones de narcotráfico precipitaron la salida de Rocha Moya

La separación del cargo no ocurrió en un vacío político. Apenas días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador sinaloense de presuntos vínculos con operadores del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, según reportes difundidos por medios internacionales.

Aunque Rocha Moya negó tajantemente los señalamientos y aseguró tener “la conciencia tranquila”, el impacto fue inmediato:

• creció la exigencia pública para que enfrentara la investigación sin protección institucional;
• aumentó la presión diplomática sobre la administración federal;
• y se abrió una fractura interna en el debate político nacional.

Incluso en redes sociales y foros ciudadanos la discusión se volvió intensa, con usuarios divididos entre quienes consideran que la licencia es una maniobra política y quienes interpretan que representa el inicio de un posible proceso judicial.

PRI acusa que la licencia no limpia las sospechas

Durante la discusión legislativa en Sinaloa, la diputada priista Paola Gárate cuestionó duramente la aprobación de la licencia al señalar que la salida temporal del gobernador no elimina las sospechas acumuladas ni la violencia política que rodeó la elección de 2021.

En contraste, la morenista María Teresa Guerra defendió a Rocha Moya y sostuvo que pedir licencia fue una decisión de “estatura política”, además de acusar una supuesta intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de México.

La confrontación dejó ver que el caso ya escaló a una disputa de narrativa:

• para la oposición, es la confirmación de una crisis de credibilidad;
• para Morena, se trata de un acto para enfrentar las acusaciones sin comprometer la gobernabilidad.

¿Puede ser detenido Rubén Rocha Moya?

Tras la explicación de Zaldívar, el escenario legal cambió de forma relevante.

Si bien la Fiscalía General de la República ha señalado que todavía revisa las pruebas enviadas por Estados Unidos y que hasta ahora no existen elementos suficientes para una captura inmediata, el hecho de que Rocha Moya haya dejado el cargo elimina uno de los principales obstáculos procesales.

Es decir:

Rubén Rocha Moya ya no tendría blindaje de inmunidad procesal y podría ser citado, investigado o detenido si la FGR judicializa una carpeta en su contra.

Aunque aún no existe una orden de aprehensión pública, el pronunciamiento presidencialista de Arturo Zaldívar coloca al exgobernador en una posición jurídica mucho más vulnerable.

Morena enfrenta uno de sus mayores costos políticos en Sinaloa

La licencia de Rocha Moya y la designación de una gobernadora interina buscan contener la crisis institucional; sin embargo, el daño político ya es profundo.

Sinaloa atraviesa ahora:

• una crisis de gobernabilidad,
• una presión binacional sin precedente reciente,
• y una revisión nacional sobre la relación entre poder político y crimen organizado.

En ese contexto, la frase que domina la conversación pública es contundente: Rubén Rocha Moya ya no tiene fuero.

La siguiente decisión dependerá de si la Fiscalía mexicana transforma las acusaciones diplomáticas en una causa penal formal.