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México se hunde en libertad de prensa: Reporteros Sin Fronteras alerta criminalización y violencia contra periodistas


Reporteros Sin Fronteras ubicó a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y alertó que la libertad de prensa vive su peor crisis global en 25 años.
Por Redacción | 30 Abril, 2026
Nacional
México se hunde en libertad de prensa: Reporteros Sin Fronteras alerta criminalización y violencia contra periodistas

 

La libertad de prensa atraviesa su peor momento en un cuarto de siglo y México figura otra vez entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Así lo advirtió Reporteros Sin Fronteras en la edición 2026 de su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, donde señaló que por primera vez más de la mitad de las naciones del planeta se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” para informar, investigar y publicar sin presiones, amenazas o censura.

En ese panorama global de deterioro, México aparece en la posición 124 de 180 países evaluados y permanece dentro del bloque donde el trabajo periodístico enfrenta obstáculos severos, especialmente por la violencia criminal, la impunidad y la insuficiencia de protección institucional. Reporteros Sin Fronteras fue contundente al señalar que en países golpeados por los cárteles, como México, las autoridades no solo fallan en proteger a la prensa, sino que en múltiples casos agravan el entorno hostil.

 

Reporteros Sin Fronteras coloca a México entre los peores de América Latina

El informe internacional detalla que México tiene una de las calificaciones más bajas del continente en materia de seguridad para periodistas. Dentro de los cinco indicadores analizados —político, económico, legislativo, sociocultural y seguridad— el rubro de protección física es uno de los más alarmantes para el país, con un entorno marcado por asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y ataques sistemáticos contra comunicadores.

Solo algunos países con regímenes más cerrados o con violencia estructural aún más profunda presentan peores cifras. Esta posición confirma que México sigue siendo, fuera de zonas formalmente en guerra, uno de los territorios más letales para reporteros, fotógrafos y medios locales.

 

 

El mundo entra en una etapa de asfixia informativa sin precedente

Reporteros Sin Fronteras subraya que el problema ya no se limita al asesinato o encarcelamiento de periodistas. La organización detectó una transformación más sofisticada: el periodismo ahora también es asfixiado por discursos políticos hostiles, deterioro financiero de los medios, campañas de desprestigio y el uso instrumental de leyes de seguridad nacional para inhibir investigaciones incómodas.

El dato más duro del reporte revela que el promedio global de libertad de prensa nunca había sido tan bajo en los 25 años de historia del ranking. Mientras en 2002 cerca del 20 por ciento de la población mundial vivía en países con una situación favorable para el periodismo, en 2026 menos del 1 por ciento de la humanidad permanece en ese escenario de garantías amplias.

 

 

Criminalización del periodismo crece bajo el argumento de seguridad nacional

Uno de los hallazgos centrales del informe es que el indicador legislativo fue el que más cayó este año, reflejando una creciente criminalización del oficio periodístico.

Según RSF, cada vez más gobiernos están utilizando leyes vinculadas con defensa, terrorismo, seguridad interior o secretos de Estado para bloquear investigaciones, negar información pública y abrir procesos judiciales contra periodistas. Esta tendencia, antes concentrada en regímenes autoritarios, ya se expandió hacia democracias formales.

Incluso Estados Unidos cayó siete posiciones en el ranking y se ubicó en el lugar 64, en buena medida por el endurecimiento del secreto gubernamental y por la hostilidad sistemática del presidente Donald Trump hacia medios y reporteros. RSF sostiene que este modelo de confrontación verbal y deslegitimación ha sido replicado por mandatarios latinoamericanos afines como Javier Milei y Nayib Bukele.

 

 

México enfrenta doble amenaza: cárteles y gobiernos omisos

En el caso mexicano, el informe enfatiza una realidad particularmente compleja: el periodista no solo enfrenta al crimen organizado, sino también a estructuras gubernamentales ineficaces o indiferentes que no garantizan investigaciones ni mecanismos de protección suficientes cuando ocurren agresiones.

La combinación entre violencia territorial, control criminal de regiones completas, precariedad laboral y desconfianza institucional coloca a reporteros locales en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta lectura coincide con la percepción social que domina en comunidades periodísticas internacionales, donde usuarios y analistas insisten en que la violencia y la impunidad han convertido a varios países latinoamericanos en zonas de silencio informativo.

 

 

Noruega lidera; Eritrea y los regímenes cerrados siguen al fondo

A nivel mundial, Norway ocupó por décimo año consecutivo el primer lugar como el país con mejores condiciones para la libertad de prensa, mientras Eritrea se mantuvo en el fondo por tercer año seguido como uno de los entornos más opacos y represivos para informar. También destacó el ascenso de Syria, que avanzó 36 posiciones tras cambios políticos recientes.

La comparación exhibe la profundidad del retroceso mexicano: mientras algunas naciones avanzan hacia modelos de mayor transparencia, México continúa atrapado entre violencia criminal, presión política y mecanismos de censura indirecta.

 

RSF lanza advertencia: callar ante esta crisis es complicidad

En el marco del 25 aniversario de su clasificación mundial, Reporteros Sin Fronteras lanzó una pregunta incómoda a gobiernos y sociedades: ¿hasta cuándo se tolerará la asfixia del periodismo y la erosión sistemática del derecho a la información?

La organización advirtió que la pasividad ya no puede considerarse neutralidad, porque frente a la criminalización de reporteros, las demandas judiciales abusivas, el uso discrecional de leyes de seguridad y la violencia física, no actuar equivale a normalizar el silenciamiento de quienes investigan y denuncian.

 

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