La bancada de Morena en la Cámara de Diputados volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de autorizar un apoyo económico extraordinario para sus 253 legisladores mediante monederos electrónicos de la marca Broxel con saldo precargado de 10 mil pesos cada uno.
La distribución ocurrió en la víspera del cierre del periodo ordinario de sesiones y representó una erogación total de 2.5 millones de pesos, recurso que no forma parte de las asignaciones ni prerrogativas ordinarias contempladas oficialmente por el Congreso de la Unión
Morena repite entrega de apoyo económico por segunda vez en la 66 Legislatura
No se trata de un hecho aislado. Esta es la segunda ocasión en que el grupo parlamentario guinda entrega este tipo de beneficio durante la actual 66 Legislatura, ya que en diciembre de 2025 realizó una primera dispersión similar entre sus diputados.
Además del monedero de 10 mil pesos, el apoyo se suma a los depósitos ordinarios que cada legislador recibe por conceptos de:
- asistencia legislativa,
- atención ciudadana,
- transporte,
- y hospedaje.
Bajo estos rubros, los legisladores perciben entre 80 mil y 120 mil pesos adicionales, de acuerdo con reportes periodísticos difundidos este lunes.
El recurso se justificó con “ahorros” del plan de austeridad
La coordinación parlamentaria de Morena argumentó que el dinero entregado en las tarjetas Broxel proviene de las partidas presupuestales autorizadas para el ejercicio fiscal vigente de la Cámara de Diputados y de ahorros internos generados por el propio plan de austeridad de la bancada.
Es decir, oficialmente el bono fue presentado no como una prestación extraordinaria, sino como una redistribución de recursos no ejercidos dentro del presupuesto asignado al grupo legislativo.
Sin embargo, el punto que más ha encendido críticas es que los 10 mil pesos no estarán sujetos a comprobación de gasto, por lo que cada diputado podrá utilizarlos libremente bajo conceptos amplios como:
- gastos de gestión,
- viáticos no previsibles,
- y apoyos comunitarios directos en sus distritos.
El bono revive cuestionamientos sobre la austeridad republicana
La entrega ocurre en un momento especialmente delicado para Morena, partido que ha sostenido durante años un discurso de austeridad republicana, combate a privilegios y contención del gasto público.
Por ello, la dispersión de recursos sin obligación de comprobación ha provocado señalamientos inmediatos en la discusión pública, donde opositores y analistas han cuestionado la congruencia entre el discurso oficial y las prácticas internas de la mayoría legislativa.
Incluso en semanas recientes distintas publicaciones ya advertían un desgaste en la narrativa de austeridad dentro del movimiento gobernante, derivado de gastos partidistas, tensiones internas y decisiones presupuestales polémicas.
San Lázaro reparte dinero extra mientras cierra periodo legislativo
El momento político tampoco pasa desapercibido. La entrega del monedero ocurrió justo antes del final del periodo legislativo, cuando la bancada de Morena se prepara para cerrar agenda y reagruparse rumbo a nuevas discusiones internas.
La Cámara de Diputados aprobó para este año un gasto federal superior a los 10 billones de pesos, mientras mantiene bajo administración recursos específicos para operación parlamentaria, asistencia territorial y representación política. Dentro de ese marco se desprendieron los fondos utilizados para este apoyo extraordinario.
Redes y opinión pública reaccionan con críticas al “domingo legislativo”
En redes sociales y foros políticos, la noticia detonó críticas por considerar que el beneficio luce como un “domingo legislativo” entregado en medio de una narrativa pública centrada en la disciplina financiera.
Usuarios han cuestionado que el bono llegue sin reglas claras de fiscalización y en paralelo a percepciones ya elevadas para los legisladores, lo que ha reactivado el debate sobre transparencia, uso discrecional de partidas parlamentarias y privilegios dentro de San Lázaro.
Morena enfrenta nueva presión por manejo interno de recursos públicos
Aunque la coordinación morenista insiste en que el recurso es legal por derivar de ahorros internos, la ausencia de comprobación y la repetición del beneficio por segunda vez en menos de cinco meses podrían mantener viva la polémica en los próximos días.
La discusión ya no solo gira en torno a los 10 mil pesos por diputado, sino a la señal política que envía el grupo mayoritario en un contexto donde exige contención presupuestal al resto de las instituciones públicas.
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