El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México emitió una tarjeta informativa contundente respecto al fallecimiento de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua.
Según el reporte, ninguno de los elementos estadounidenses que perdieron la vida tras un operativo antinarcóticos contaba con la acreditación formal necesaria para realizar actividades operativas en territorio nacional. Esta revelación pone en entredicho la transparencia de las acciones de agencias extranjeras en el país y cuestiona la supervisión de las autoridades locales durante el incidente.
Los registros migratorios detallan una situación administrativa irregular para las funciones que desempeñaban. Uno de los extranjeros ingresó a México bajo la calidad de visitante, estatus que prohíbe explícitamente realizar actividades remuneradas o de seguridad, mientras que el segundo portaba un pasaporte diplomático.
El gabinete fue enfático al señalar que ni las instituciones de seguridad federales ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenían conocimiento previo de que estos agentes estuvieran operando físicamente en una acción táctica dentro del suelo mexicano.
Este pronunciamiento oficial surge apenas unas horas después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, evitara dar declaraciones claras sobre la presencia y el actuar de los agentes de la CIA en su entidad.
Ante el silencio del gobierno estatal, la federación ha iniciado una serie de revisiones coordinadas con las autoridades locales competentes y la embajada de Estados Unidos para esclarecer bajo qué órdenes y condiciones se encontraban los ciudadanos estadounidenses en la zona del accidente el pasado 19 de abril.
Soberanía y marcos legales de cooperación
El documento emitido por el Gobierno de México recuerda que la legislación nacional es tajante: no se permite que agentes extranjeros participen en operativos de campo dentro del territorio.
Se subraya que la cooperación internacional debe limitarse estrictamente al intercambio de información, la colaboración técnica y la coordinación institucional. Cualquier acción que ignore estos límites es considerada una violación a la soberanía nacional y a los principios de reciprocidad y confianza mutua que rigen la relación bilateral.
A pesar de la gravedad del escándalo diplomático, el gabinete de seguridad expresó su pesar por la pérdida de las cuatro vidas involucradas en el siniestro —dos elementos estatales mexicanos y los dos agentes estadounidenses—.
El comunicado extiende condolencias a las familias y reitera la voluntad del gobierno mexicano de mantener una relación "estrecha, seria y respetuosa" con Washington, siempre y cuando se respeten los marcos legales vigentes y no exista subordinación de las fuerzas nacionales.
Las investigaciones continúan para determinar si hubo omisiones por parte de los mandos locales en Chihuahua que permitieron esta incursión operativa.
El incidente ha reavivado el debate sobre la autonomía de los estados en materia de seguridad y la necesidad de un control centralizado más estricto sobre las agencias de inteligencia extranjeras que operan en México, especialmente en regiones críticas por la presencia de grupos delictivos.
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