La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 101 mil 242 millones de pesos pendientes de justificar durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2024.
El informe, presentado ante la Cámara de Diputados por el auditor superior David Colmenares Páramo, concluye el análisis de los seis años de la administración federal y revela que 2024 fue el año con mayores anomalías, al concentrar 65 mil 092.8 millones de pesos sin comprobar, equivalente al 64% del total sexenal.
Este año coincidió con el proceso electoral en el que resultó electa Claudia Sheinbaum y en el que la alianza Morena-PT-Verde obtuvo mayoría calificada en el Congreso.
Gasto federalizado, el principal foco rojo
Del total de recursos pendientes por aclarar en el sexenio, 88 mil 809.9 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, recursos transferidos a estados y municipios.
Tan sólo en 2024, los faltantes en este rubro alcanzan 59 mil 345.5 millones de pesos.
Las áreas con mayor opacidad fueron:
Salud e infraestructura social: 35 mil 647.7 mdp sin comprobar
Participaciones federales: 15 mil 675.7 mdp
Educación: 2 mil 659.4 mdp
El auditor superior explicó que en 2024 se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos, de los cuales:
36% correspondió a gobiernos estatales
59% fue determinado en auditorías a alcaldías y municipios
La principal irregularidad detectada fue la falta de documentación para acreditar el destino de recursos federales, especialmente en fondos de salud y aportaciones federales.
Seis estados de la 4T y dos entes federales, en el Top 8 de irregularidades
El reporte coloca a seis estados gobernados por Morena y sus aliados, así como a dos entidades federales, como los entes con mayores observaciones en la Cuenta Pública 2024.
Los estados señalados son:
Estado de México
Veracruz
Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Michoacán
A estos se suman:
Petróleos Mexicanos
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
En conjunto, estos entes concentran aproximadamente 20 mil millones de pesos pendientes de aclarar.

Estado de México y Veracruz, los más observados
El Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, concentra observaciones por 6 mil 037 millones de pesos, principalmente en gasto federalizado y recursos destinados a salud e infraestructura.
Por su parte, Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, registra 5 mil 841 millones de pesos en irregularidades. Entre las anomalías detectadas destacan:
Timbrado incorrecto de más de 2 mil mdp en nómina de los Servicios de Salud
Presunta obtención indebida de 440.6 mdp en participaciones federales
Pago de bienes muebles e inmuebles no identificados
Ante estas inconsistencias, la ASF promovió acciones para informar al Servicio de Administración Tributaria sobre posibles incumplimientos fiscales.
Pemex y el campo Quesqui bajo la lupa
En el ámbito federal, Petróleos Mexicanos (Pemex) acumula mil 763 millones de pesos observados, principalmente relacionados con el campo petrolero Quesqui, en Tabasco.
Las auditorías documentaron:
Pagos en exceso en trabajos operativos
Diferencias entre montos pagados y reportes acreditados
Recursos pendientes de aclaración en programas y contratos específicos
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también presenta observaciones por mil 215.6 millones de pesos, enfocadas en inversión física.
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán también registran faltantes
Otros estados con montos relevantes pendientes de aclarar son:
Chiapas: 1,540.9 mdp
Oaxaca: 1,102.4 mdp
Guerrero: 988.3 mdp
Michoacán: 945.7 mdp
Todos estos gobiernos estaban bajo administraciones de la 4T cuando se registraron las observaciones.
Más de 5 mil mdp pendientes en el ámbito federal
De acuerdo con el auditor superior, se identificaron:
Más de 5 mil millones de pesos pendientes en el ámbito federal
Más de 54 mil millones de pesos en el sistema subnacional
El informe subraya que el mayor volumen de recursos sin aclarar se concentra en estados y municipios, donde persiste la falta de comprobación documental sobre el uso de fondos federales.
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