Un Tribunal Colegiado determinó un freno legal a las obras del Tramo 5 del Tren Maya, que conecta la zona norte y centro de la Riviera Maya en Quintana Roo, al establecer que los trabajos solo podrán continuar si las autoridades federales cumplen con la supervisión ambiental obligatoria.
La resolución surge del amparo en revisión 199/2024, promovido por la organización ambientalista Sélvame del Tren, y modificó la sentencia de primera instancia, rechazando el recurso de revisión presentado por la Profepa.
Suspensión definitiva y obligaciones de las autoridades
El fallo establece que las dependencias federales, incluyendo la Subprocuraduría de Recursos Naturales y la Dirección General de Delitos, Comunicaciones y Quejas de la Profepa, deberán realizar inspecciones, verificaciones y medidas de protección ambiental mientras continúa el litigio.
Cualquier alerta ciudadana, denuncia pública o señalamiento sobre posibles daños deberá ser atendido, y si se detecta riesgo sobre cenotes, selva, fauna o acuíferos, las autoridades tienen la obligación de intervenir. Ignorar estas medidas constituiría un incumplimiento de la suspensión definitiva.
Impactos socioambientales del Tren Maya
El proyecto del Tren Maya, anunciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y en construcción desde 2020, ya ha generado impactos socioambientales significativos e irreversibles, documentados por la Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del Tren Maya en Quintana Roo y Campeche, especialmente en los tramos 5, 6 y 7.
Entre los hallazgos se reporta un incremento de la violencia criminal e institucional, afectando zonas previamente seguras como Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco. La presencia militar también ha elevado la percepción de inseguridad e impunidad en la península.
Desde el punto de vista ambiental, la misión documentó la deforestación de más de 11 mil hectáreas, la fragmentación de ecosistemas, la perforación y destrucción de cenotes y cavernas, la alteración de humedales, contaminación del acuífero y pérdida de hábitat de fauna emblemática.
Los expertos señalaron la actuación “irresponsable” de la Sedena y las omisiones de Profepa y Semarnat, así como la falta de medidas de mitigación, pese a los daños evidentes. En los humedales del estero de Chaac, los cambios en los flujos hidrológicos provocaron daños a manglares e inundaciones en Bacalar, Chetumal y comunidades aledañas durante 2023 y 2024.
Afectaciones sociales y boom inmobiliario
El proyecto también ha generado impactos sociales importantes, como la militarización del territorio, el cercamiento de espacios públicos y la interferencia en actividades comunitarias, incluyendo intrusiones en parcelas ejidales y extracción de agua que dejó aljibes y jagüeyes secos.
Además, la obra impulsó un boom inmobiliario descontrolado, con más de 600 proyectos entre finales de 2023 y octubre de 2024, muchos sin permisos ambientales ni licencias de construcción, elevando los precios de la tierra hasta un 400%. Se identificaron corredores de especulación entre Playa del Carmen y Tulum, y desde Tulum hasta Felipe Carrillo Puerto, donde proliferan desarrollos hoteleros, residenciales y comerciales sin regulación efectiva.
Un mensaje de justicia ambiental
El fallo del Tribunal Colegiado marca un alto a las obras del Tramo 5 hasta que se cumplan las obligaciones ambientales, consolidando la importancia de la supervisión y protección de la naturaleza en un proyecto que, a pesar de sus beneficios económicos, enfrenta crecientes críticas por su impacto social y ecológico.
La resolución también envía un mensaje claro: la justicia ambiental y la responsabilidad de las autoridades deben prevalecer sobre la prisa por avanzar en megaproyectos.
Con información de Animal Político
*BC
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