En un hecho sin precedentes para el estado de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) dio luz verde al proceso de revocación de mandato contra el gobernador Salomón Jara Cruz. Durante una sesión extraordinaria de carácter urgente, el organismo electoral validó la solicitud promovida por militantes de su propio partido, Morena, tras certificar el respaldo de 518 mil ciudadanos.
Con este aval, se ha fijado el próximo 25 de enero como la fecha oficial en la que la ciudadanía oaxaqueña decidirá, mediante las urnas, si el mandatario debe continuar en su cargo o ser removido.
La aprobación del ejercicio democrático implicó la ratificación de seis acuerdos clave que definen el calendario de actividades para los próximos 30 días.
Según informó el consejero Alejandro Carrasco Sampedro, el apoyo ciudadano fue contundente, alcanzando el 16% de la lista nominal —superando con creces el mínimo legal— y logrando el respaldo de 569 de los 570 municipios de la entidad.
Por su parte, la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, subrayó que el instituto cumplió con los plazos institucionales a pesar de los retos logísticos impuestos por las recientes reformas legales que redujeron los tiempos de verificación.
Para que el resultado de esta jornada sea vinculante, la ley exige una participación mínima del 40% del padrón electoral estatal.
El consejo electoral también validó los lineamientos para la observación ciudadana y los mecanismos de conteo distrital, asegurando que el proceso cuente con las garantías necesarias de vigilancia y transparencia durante el cómputo de los votos.
Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de críticas políticas. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, calificó el ejercicio como una "simulación" diseñada para legitimar la administración actual.
La legisladora cuestionó el costo del proceso, estimado entre 99 y 186 millones de pesos según distintas fuentes del instituto, argumentando que dichos recursos públicos deberían destinarse a rubros críticos como la salud y la seguridad.
Asimismo, acusó presuntas presiones hacia trabajadores gubernamentales y alcaldes para participar en una consulta que, desde su perspectiva, busca disfrazar de democracia un ejercicio de validación política.
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