La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Aguas, pese a las protestas y el rechazo de agricultores, quienes amenazan con más movilizaciones en distintas regiones del país. La votación quedó con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. Tras el aval, inició la discusión en lo particular, que se prevé dure hasta la madrugada del jueves 4 de diciembre de 2025, debido a la presentación de casi 300 reservas.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, la diputada morenista Elizabeth Cervantes de la Cruz, destacó la importancia de una ley “que le cierra la puerta a la corrupción, a los abusos y al mercado negro que lucró con el vital líquido durante décadas”. Afirmó que la iniciativa transforma el régimen del agua en México y garantiza el derecho humano al agua, otorgando certeza jurídica mediante un sistema de concesiones ordenado y transparente que impida acaparamiento y sobreexplotación.
Las modificaciones respecto a la propuesta presidencial incluyen el reconocimiento legal de sistemas comunitarios, el retiro de concesiones a grandes usuarios morosos, la tipificación de contaminación como delito contra la salud y la prioridad al derecho humano al agua. La nueva ley provocó protestas y bloqueos carreteros. El Gobierno federal sostiene que los cambios son necesarios para un reparto más justo, mientras sectores agrícolas mantienen su rechazo.
Entre los elementos centrales, se establece que no se permitirán transmisiones de derechos entre particulares; se perseguirán delitos como el robo de agua, ausente en la norma de 1992; y se revisarán concesiones actuales debido a miles de irregularidades detectadas.
PAN acusa intento de expropiación del agua
El panista Víctor Manuel Pérez afirmó que el cierre de carreteras refleja el rechazo social. Señaló que toda concesión deberá regresar al Estado para que Conagua la reasigne, lo que calificó como “aqua control”, una expropiación indirecta destinada a que Morena sea el gran acaparador. Sostuvo que se pretende controlar a campesinos, industria, empresarios y ciudadanía.
La diputada morenista Tatiana Tonanzin Ángeles respondió que la oposición ve un negocio en el agua. Señaló a Vicente Fox por obtener 14 títulos de concesión para su familia y acusó al exgobernador Javier Duarte de acaparar recursos. Agregó que la Ley va contra el huachicoleo del agua.
El diputado Luis Gerardo Sánchez sostuvo que antes de reformar, Conagua debe ordenar su padrón. Recordó que la dependencia ha reconocido más de 58 mil irregularidades, mientras opera con solo 350 inspectores para supervisar 550 mil concesiones.
Con información de La Razón
*BC
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