La abogada Ernestina Godoy Ramos se convertirá en la encargada de Despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que Alejandro Gertz Manero la designó como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) antes de presentar su renuncia al cargo.
Este movimiento interno permite que Godoy Ramos pueda asumir la conducción provisional de la institución sin impedimentos legales, confirmaron fuentes federales.
Gertz Manero formalizó el nombramiento antes de renunciar
El nombramiento quedó asentado en un oficio firmado por Gertz Manero el miércoles, donde se establece que la funcionaria deberá desempeñarse bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, profesionalismo y perspectiva de género. El documento también subraya la obligación de actuar con debida diligencia, honradez y pleno respeto a los derechos humanos.
Fuentes consultadas señalaron que ocupar la FECOC no impediría que Godoy compita posteriormente por la titularidad de la FGR, una vez que el Senado inicie el proceso de designación.
Un relevo clave para la operación de la FGR
La llegada de Godoy al despacho de la FGR garantiza la operación institucional mientras se define quién ocupará de manera definitiva la fiscalía. El relevo ocurre en un contexto de transición jurídica y política, en el que la continuidad administrativa resulta fundamental para el avance de investigaciones federales.
Organismos y especialistas han señalado que la encargada deberá dirigir la institución con independencia, transparencia y enfoque de derechos humanos, tal como mandata la Constitución y los lineamientos internos de la fiscalía.
¿Quién es Ernestina Godoy, nueva Fiscal interina de la República?
Ernestina Godoy Ramos, hasta ahora integrante de la Consejería Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue designada como nueva Fiscal interina de la República. Su nombramiento coloca a una figura con larga experiencia legislativa, administrativa y de procuración de justicia al frente del despacho de la FGR en un momento de transición institucional.
Entre enero de 2020 y enero de 2024, Godoy Ramos se desempeñó como la primera Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tras encabezar la transición de Procuraduría a Fiscalía. Sin embargo, su administración enfrentó fuertes cuestionamientos públicos que continúan siendo referencia obligada al evaluar su trayectoria.
Durante la investigación del colapso de la Línea 12 del Metro, la fiscalía capitalina fue criticada por no alcanzar a altos funcionarios responsables de la obra, lo que generó dudas sobre posibles omisiones en el deslinde de responsabilidades.
Otra polémica relevante se presentó cuando opositores denunciaron presunto espionaje político, al difundirse solicitudes de información telefónica relacionadas con dirigentes del PAN. Aunque Godoy negó un uso político de la Fiscalía, el episodio reforzó la percepción de confrontación con sectores opositores.
Al final de su periodo, su ratificación fue rechazada por el Congreso de la Ciudad de México al no reunir los votos necesarios. Para sus críticos, el revés legislativo fue el resultado de las controversias acumuladas durante su gestión.
Antes de su paso por la Fiscalía, Ernestina Godoy desempeñó cargos estratégicos en el ámbito legislativo. En 2018 fue coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso capitalino. Previamente, en la LXIII Legislatura, fungió como diputada federal por la Ciudad de México.
Su carrera inició como diputada local entre 2012 y 2015, periodo en el que impulsó temas vinculados con justicia, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.
En la administración pública de la capital ocupó puestos como directora General Jurídica y de Estudios Legislativos; coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Social, y directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa.
Desde los primeros años de su trayectoria, Godoy mantuvo una fuerte vinculación con organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana. Fue fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.
Tras el sismo de 1985, abrió un despacho para ofrecer asesoría jurídica gratuita a personas damnificadas. Más tarde participó como representante social en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y el Gobierno federal.
Con información de la Jornada y Reforma
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