La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que el empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar alrededor de 50 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de años de litigios en los tribunales. Con esta decisión, el Alto Tribunal puso fin a una disputa fiscal que se remonta a más de 17 años, en la que el magnate había impugnado varios créditos fiscales relacionados con su empresa Elektra.
Los ministros confirmaron que los fallos previos, emitidos por tribunales colegiados en todas las instancias, fueron correctos. La resolución ratifica que los cálculos fiscales de la compañía fueron erróneos y que el monto pendiente deberá ser liquidado, incluyendo los recargos acumulados desde los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
Elektra perdió siete juicios ante el SAT
En total, Elektra enfrentaba siete procesos judiciales por un monto inicial de 35,873 millones de pesos, que con los recargos se elevaron hasta los 50 mil millones. El caso más cuantioso, de casi 18,500 millones, fue el primero resuelto por el Pleno de la Corte.
Además, el tribunal impuso una multa a Salinas Pliego por intentar recusar a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, aunque esta última se abstuvo de participar.
El Grupo Salinas reaccionó calificando la jornada como “un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México”, argumentando que las resoluciones son “violatorias de los derechos humanos”.
Argumentos del fallo y alcance jurídico
Los proyectos aprobados por la Corte, según explicó el presidente del tribunal, Hugo Aguilar, se discutieron en sesión pública por su relevancia nacional. En todos los casos, los ministros coincidieron en que las reclamaciones de Elektra no presentaban cuestiones de constitucionalidad, sino de interpretación legal, y que existían precedentes suficientes en materia fiscal para sustentar el rechazo de los recursos.
Los jueces determinaron que los agravios planteados por el conglomerado eran “inoperantes”, ya que se basaban en supuestas irregularidades específicas de la empresa y no en la norma fiscal misma. En consecuencia, los tribunales validaron el proceder del SAT y de los tribunales colegiados.
Reacción de Salinas Pliego y nueva ofensiva legal
Desde El Salvador, donde se encontraba durante la resolución, Salinas Pliego declaró que “la Corte, espuria y politizada, ya tomó su decisión”, anticipando el fallo en su contra. Tras la votación unánime, Grupo Salinas anunció que recurrirá el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e incluso estudia demandar a la dependencia federal por supuestas “extorsiones fiscales”.
El comunicado del grupo empresarial afirma:
“Seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos.”
Un caso clave para la administración de Claudia Sheinbaum
El fallo representa un triunfo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha colocado el combate a los grandes deudores fiscales como una prioridad. El SAT estima que existen más de dos billones de pesos detenidos en los tribunales por créditos fiscales impugnados.
Aunque el adeudo de Salinas Pliego no es el más alto, su relevancia política y mediática lo convierte en el caso más simbólico para la administración federal. La presidenta ha señalado en varias ocasiones que el empresario empleó “técnicas dilatorias” para retrasar el cumplimiento de las sentencias.
En total, los nueve juicios originales del empresario se multiplicaron en más de 100 recursos derivados, en su mayoría presentados por Grupo Salinas. Sin embargo, la nueva integración de la Corte ha acelerado los procedimientos, resolviendo siete casos en una sola jornada.
Contexto: los orígenes del conflicto fiscal
Los litigios se remontan a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, cuando Elektra aplicó un cálculo de pérdidas que, según el SAT, fue inflado artificialmente, reduciendo indebidamente la cantidad de impuestos a pagar.
La autoridad fiscal reclamó entonces el monto omitido, iniciando una batalla judicial que ha llegado a su punto final en México con el fallo de la SCJN.
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