El Pleno del Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, tras aprobar una moción con 63 votos a favor, 34 en contra y dos abstenciones. La medida responde al rechazo por sus recientes declaraciones sobre la situación política peruana, consideradas como una injerencia en asuntos internos.
La moción fue impulsada por legisladores de diversas bancadas, entre ellos:
Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)
Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)
María del Carmen Alva (Fuerza Popular)
Roselli Amuruz (Alianza para el Progreso)
José Cueto (Honor y Democracia)
Gladys Echaíz (Honor y Democracia)
Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso del Perú)
Milagros Jáuregui (Renovación Popular)
Los impulsores argumentaron que los comentarios de Sheinbaum representan un agravio al sistema democrático peruano y vulneran el principio de no intervención.
Legisladores acusan injerencia en política peruana
Durante la presentación de la moción, el congresista Ernesto Bustamante defendió que la política exterior peruana se ha basado históricamente en el respeto mutuo entre Estados. Sin embargo, afirmó que en los últimos años se han registrado declaraciones provenientes de México que, a su juicio, “traspasan estos límites”.
Bustamante señaló que las expresiones de la mandataria mexicana constituyen un agravio directo a Perú, además de debilitar la relación bilateral. Según afirmó, sus declaraciones rompen con la tradición diplomática que ambos países han sostenido.
Asilo a Betssy Chávez, otro punto de fricción
Bustamante también acusó a Sheinbaum de “dar cobijo” a personas procesadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, en referencia al asilo político otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana. Chávez enfrenta procesos judiciales en Perú, lo que ha generado tensiones diplomáticas desde años previos.
Señalan contradicciones con la Doctrina Estrada
El congresista agregó que Sheinbaum estaría “violando su propia Doctrina Estrada”, una política histórica mexicana que evita pronunciarse sobre la legitimidad de gobiernos extranjeros. Desde su perspectiva, los posicionamientos de la mandataria contradicen dicho principio y justifican la necesidad de “defender la dignidad nacional y reafirmar el respeto entre Estados soberanos”.
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