El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, reveló que la sucursal de Waldo’s en el Centro de Hermosillo, escenario de un fatal incendio y explosión el sábado, carecía de un programa de Protección Civil autorizado desde el año 2021. El siniestro cobró la vida de 23 personas y dejó 12 lesionadas.
Como respuesta al trágico evento, la cadena comercial procedió al cierre temporal de 68 tiendas en el estado de Sonora 24 horas después del incidente. Mientras tanto, las autoridades estatales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar posibles fallas en las medidas de seguridad y operación de la tienda.
El inmueble, ubicado específicamente en la calle Dr. Noriega, entre Juárez y Matamoros, permanece bajo resguardo para la investigación. Equipos periciales trabajan arduamente entre los restos de la estructura colapsada y los escombros para esclarecer tanto el origen de las llamas como las causas del derrumbe.
Según detalló Salazar Razo, si bien el programa interno de la tienda había sido aprobado en 2019 y revalidado en 2020, la administración actual del estado negó su renovación en 2021 tras detectar una serie de incumplimientos. "La conclusión del programa interno de Protección Civil en 2021 fue negativa. Cada trámite y permiso es objeto de revisión y forma parte de la indagatoria de la Fiscalía”, puntualizó el secretario.
Por su parte, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la identificación de 21 de las 23 víctimas fatales. Asimismo, informó que 6 personas siguen hospitalizadas, dos de ellas, una joven y un adulto mayor, se encuentran en estado crítico. El funcionario enfatizó que la mayoría de las muertes se debió a la inhalación de gases tóxicos, más que a las quemaduras.
El fiscal añadió que se mantiene contacto con los dueños de la cadena para recopilar documentación operativa y de permisos. Aseguró que los propietarios han mostrado disposición para "asumir responsabilidades y ofrecer soporte social, médico y económico a las familias de las víctimas".
En cuanto al origen de las explosiones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que el transformador que explotó era propiedad particular y no era parte de su red. Las autoridades están investigando si el sistema eléctrico interno de la tienda o los paneles solares instalados en el techo jugaron un papel en la tragedia.
El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, está ofreciendo asesoría legal, apoyo psicológico y cubriendo los gastos funerarios, asegurando un acompañamiento integral a los deudos. Se reiteró que se garantizará "el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral" por instrucción del gobernador Alfonso Durazo.
Hasta este momento, dos cuerpos siguen sin identificar en el Servicio Médico Forense, mientras continúan las labores de peritaje y recolección de pruebas clave para la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
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